La reciente controversia entre la Casa Blanca y el juez federal James Boasberg ha generado un intenso debate sobre la separación de poderes en EEUU.
En este sentido, la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, acusó al juez de «usurpar el poder ejecutivo» tras bloquear temporalmente las deportaciones de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que rara vez se ha utilizado desde la Segunda Guerra Mundial.
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De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó al juez Boasberg como un «activista partidista». También afirmó que su decisión socava la voluntad del pueblo estadounidense, que eligió al presidente para implementar políticas de seguridad nacional.
Según Leavitt, la administración continuará defendiendo sus acciones en los tribunales y mantendrá su campaña de deportaciones masivas, argumentando que estas medidas son esenciales para proteger a las comunidades estadounidenses.
«Los jueces de este país están actuando erróneamente. Tenemos jueces que actúan como activistas partidistas desde el tribunal. Intentan imponer políticas al presidente de Estados Unidos. Intentan claramente frenar la agenda de esta Administración, y eso es inaceptable», sostuvo la portavoz.
En su opinión, dichos jueces no solo están «usurpando la voluntad» del presidente y del Ejecutivo, «sino que están socavando la voluntad del público estadounidense, de decenas de millones de estadounidenses que eligieron debidamente» a Trump para implementar tales políticas.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros ha sido particularmente controvertido. La misma, concebida para tiempos de guerra, fue invocada por Trump para acelerar la deportación de supuestos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua.
Sin embargo, críticos han señalado que esta medida podría representar una extralimitación del poder presidencial. Y, lo más preocupante, un precedente peligroso para el uso de leyes de emergencia en tiempos de paz.
Por otro lado, la decisión del juez Boasberg ha sido vista por algunos como un intento de garantizar el respeto al Estado de Derecho. Igualmente, es apoyada porque evitaría posibles abusos de poder.
Este caso ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales, así como el papel de los tribunales en supervisar las acciones del Ejecutivo.
