Migrantes venezolanos que viven en el exterior y que perdieron inmuebles en los terremotos del 24 de junio, en La Guaira, denunciaron que les impidieron registrarse como afectados. Los denunciantes consideran que se trata de una situación discriminatoria que les perjudica.
El portal Infobae informó de casos registrados en Paraguay y España.
Tibisay Ramos, por ejemplo, vive en San Lorenzo, Paraguay, desde hace año y medio. Ella también es una damnificada por el doblete sísmico, pues perdió un inmueble de su propiedad en su estado natal, La Guaira.
“Tenía un apartamento en Playa Grande, mi única propiedad, producto de todos mis años de trabajo”, dijo Ramos, de 63 años, en entrevista con Infobae.
Reseña la nota que el inmueble pasó de ser su hogar, a su fuente de ingresos. Desde que emigró lo puso en alquiler para cubrir sus necesidades en tierras paraguayas. A consecuencia de los dos terremotos, su edificio quedó inhabitable.
Para atender la crisis, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez convocó un “censo único de viviendas”. Con este proceso se pretende recoger la data de los afectados con miras a ofrecer soluciones habitacionales.
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Ramos contó a Infobae que le pidió a su hermano, su representante legal, que se trasladara a las oficinas del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat en Caracas con el fin de registrar el inmueble como perdido.
El pasado lunes 17 de agosto el hombre acudió a la entidad. “Le respondieron que no lo podían atender, que tenía que ir el propietario directamente”, cuenta
Lo peor es que no era el único en esa situación. “Como mi hermano, había otras 20 personas rechazadas con la excusa de que el trámite tenía que hacerlo el dueño del apartamento. Esto, aunque se encuentre en el exterior”, comentó.
TRATO DISCRIMINATORIO
“Es un trato discriminatorio, no soy menos propietaria que quienes están viviendo allá”, señala Ramos. “Yo me quiero censar, no para que den una vivienda, pues no pienso regresar a Venezuela. Quiero tener un documento que me avale ante cualquier trámite futuro, además de que queda la titularidad del terreno donde está el edificio”, aclara.
Ramos subraya que “yo nací en La Guaira”. Considera “injusto que nos estén violando nuestros derechos fundamentales por no estar en Venezuela”. “No dejamos de ser venezolanos por el hecho de salir del país”, protestó.
Un caso similar ocurrió del otro lado del Atlántico, en Madrid. Aimée Ceballos, de 44 años, compartió la misma inquietud. “Parece que los que estamos fuera del país no existimos o no tenemos derecho a nada”, reclamó Ceballos, quien emigró en 2016 para instalarse en la capital de España.
“Cuando comenzó el censo en Playa Grande, un familiar fue con mis documentos, pero no lo dejaron registrarme porque piden la huella dactilar del propietario”, narra.
Una vecina de Ceballos que también está fuera del país probó suerte con un amigo. Le ocurrió lo mismo, con la excusa de que la diligencia debía hacerla un familiar directo.
“Ella no tiene familiares directos porque fallecieron. Yo igualmente perdí familiares y los que tengo en Venezuela son personas de la tercera edad que se han quedado sin viviendas y vehículos. No pueden trasladarse a las oficinas en Caracas”, detalla.
Aseveró que el gobierno “no nos puede obligar a ir a Venezuela para hacer los trámites”. También recordó que “muchos contaban con alquiler de su apartamento” para poder sobrellevar las cargas económicas en el exterior.
“Esa es mi vivienda principal, la única que tengo en Venezuela, pero ahora no sabemos si los edificios son recuperables. Cada inspector da una opinión distinta al respecto, ni qué pasará con los terrenos”, expresó.