La contundente victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio término en Estados Unidos abre un nuevo capítulo de fiscalización sobre la política exterior de Donald Trump hacia Venezuela, especialmente en lo referente a las licencias petroleras, el alivio de sanciones y los tiempos de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición.
Al menos así lo consideran dos expertos del área consultados por Caraota Digital, quienes advierten sobre la presión que podría ejercer el poder Legislativo sobre la Casa Blanca y las opciones del Ejecutivo estadounidense, ante su pérdida de fuerza en el Congreso estadounidense.
De acuerdo con el consultor político Andrés Ignacio Silva, la nueva mayoría legislativa provocará que el tema venezolano vuelva a ligarse estrictamente a exigencias políticas, dejando atrás el enfoque puramente comercial impulsado por la Administración Trump desde enero.
Silva advierte que los demócratas auditarán contratos vigentes —como el de la firma Nabep— y condicionarán nuevos alivios a avances democráticos verificables que aceleren la transición venezolana.
No obstante, señaló que al no contar con dos tercios de las cámaras legislativas, no tienen el poder de «bloquear o restringir la mayor parte de las cosas que Donald Trump quisiera hacer» en materia de política exterior a través de decretos ejecutivos.
Sin embargo, aseguró que «a los republicanos les va a tocar gobernar a través de la negociación», para no descartar la posibilidad de que su abanderado para 2028 llegue a la Casa Blanca en 2028. «Entonces podríamos ver una versión moderada y un poco más diplomática de Donald Trump», explicó.
LÍNEA DE CONTINUIDAD PRAGMÁTICA
Por su parte, el internacionalista y editor jefe de Revista Diplomacia, Dylan Pereira, señala que la Casa Blanca mantendrá una línea de continuidad pragmática guiada por el interés energético y la estabilidad.
Pereira destaca que Washington ya ha dado votos de confianza dentro de su plan de tres fases —como el retiro de sanciones individuales a Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez— y que el Ejecutivo conserva plenas facultades constitucionales para marcar la pauta diplomática, a pesar del escrutinio que ejercerá el Congreso a partir del 3 de enero de 2027.
«El presidente Trump, como jefe de Gobierno y de Estado en el sistema político estadounidense, conserva amplias funciones en materia de política exterior. Sus competencias para conducir la diplomacia, reconocer gobiernos, negociar acuerdos ejecutivos y dirigir las Fuerzas Armadas como comandante en jefe siguen absolutamente intactas», argumentó el experto.
«Ahora bien, el próximo Congreso, con esta composición ampliamente demócrata, podrá activar una serie de mecanismos y herramientas concretas de evaluación, seguimiento y supervisión, muy profundas y de forma mucho más significativa que hasta este momento», agregó.
En este sentido, Pereira advirtió que la política externa que ha aplicado Trump, desde su regreso a la Casa Blanca, «con incursiones militares sin mayor contraloría del Congreso, no pareciera que pudiese seguir de ahora en adelante».
«Incluso hay algunos funcionarios que empiezan a hablar de la posibilidad de un impeachment, un juicio político para acusar al presidente Trump, algo que, si bien podría superar el proceso de la Cámara Baja, matemáticamente parece imposible que pueda prosperar en este momento en el Senado», indicó el analista recordando que para una destitución del jefe del Ejecutivo se necesitan dos tercios de la cámara, el cual no alcanzaron los demócratas pese a su holgada victoria en las elecciones de medio término.
EL PULSO POR LAS ELECCIONES EN 2027
Respecto a la posibilidad de celebrar comicios presidenciales el próximo año, ambos analistas coinciden en que el Congreso puede ejercer presión política, pero no define el calendario.
Silva considera que iniciativas bipartidistas, como el pedido de elecciones presidenciales el 24 de julio de 2027, día del natalicio de El Libertador, Simón Bolívar, pueden ganar fuerza dentro de las nuevas fuerzas legislativas.
«Si se retoman iniciativas como las del Senador Tim Kaine, es posible que busquen ejercer un contrapeso frente a la administración Trump para que todos los conflictos internacionales, entre ellos el de Venezuela, sean concluidos a la brevedad», explicó el analista, antes de aclarar que » los esfuerzos del Ejecutivo americano seguirán siendo los que marquen la pauta».
Por su parte, Pereira explica que, mientras el plan de Estados Unidos proyecta idealmente elecciones en 2027, la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno encargado enfrenta complejos retos técnicos, como la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la actualización del registro para incluir a la diáspora.
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«Por un lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, se refería, dentro de lo que contempla el plan de tres fases, a un escenario electoral en el que idealmente se celebrarían elecciones presidenciales en 2027. Pero, al mismo tiempo, hace énfasis en la cantidad de desafíos técnicos, jurídicos y políticos para celebrar elecciones libres, justas y competitivas que cumplan con los requisitos y estándares democráticos internacionales. Esto podría sugerir una ralentización de la convocatoria desde el punto de vista técnico», argumenta el experto.
«Una reforma electoral es mucho más compleja: hay que revisar y actualizar el padrón o registro electoral. La participación activa de los venezolanos de la diáspora es una demanda colectiva de la sociedad venezolana, y esto requerirá un tiempo prudente para celebrar comicios que cumplan los requisitos técnicos y jurídicos», añadió Pereira.
A esto se suma el choque de posturas sobre los plazos: mientras la sociedad civil y la oposición exigen elecciones inmediatas para resolver la irregularidad en la jefatura de Estado tras la salida de Nicolás Maduro, desde Miraflores insisten en apegarse a los tiempos constitucionales, lo que podría extender el cronograma hacia 2028 o incluso 2029.
«Por lo tanto, es cierto que la mayoría demócrata en el Congreso podría impulsar una visión más orientada a la rendición de cuentas y a exigir reformas institucionales que avancen hacia un escenario democrático. Ese era el gran incentivo de la administración demócrata en su última etapa en la Casa Blanca. Pero la decisión o postura que tome Washington en esta materia sigue dependiendo de la administración central en la Casa Blanca, del presidente y del secretario de Estado», sentenció el internacionalista.