La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes, 22 de mayo, que exigirá a los migrantes temporales salir de Estados Unidos para poder solicitar la residencia permanente, conocida como «green card».
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) argumentó en un comunicado que así lo estipula la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pero que los sucesivos Gobiernos no habían hecho cumplir esa disposición.
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Bajo esta política, las personas que se encuentren en Estados Unidos con visas temporales, como las destinadas a trabajo, turismo o estudios, y que deseen cambiar su estatus a residente permanente, deberán abandonar el país y tramitar el proceso ante el consulado estadounidense en su lugar de origen.
Las visas temporales, conocidas como «visas de no inmigrante», incluyen la B‑1 y B‑2, para quienes viajan por negocios o turismo.
También las F‑1 y la M‑1, dirigidas a estudiantes de programas académicos; y diversas categorías de trabajo temporal, como las H‑1B para ocupaciones especializadas y las H‑2A y H‑2B para labores agrícolas y no agrícolas, entre otras.
¿CÓMO ERA EL PROCESO HASTA AHORA?
Actualmente, algunos migrantes temporales solicitan un ajuste de estatus migratorio dentro de Estados Unidos al calificar para la residencia permanente —ya sea por matrimonio, empleo o reunificación familiar— y tramitan su «green card» sin salir del país. Sin embargo, se trata de un proceso que puede extenderse durante años y en el cual sus visas suelen renovarse periódicamente.
Ahora, como se apuntó, el Gobierno de Trump planea que esas personas regresen a sus países y acudan a un consulado del Departamento de Estado para los trámites, salvo en circunstancias excepcionales que no han sido especificadas.
«Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración. De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la ‘green card’ deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales», declaró el portavoz de USCIS, Zach Kahler.
ICE Y SU MULTA «IMPAGABLE»
En tanto, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) presentó una propuesta formal para incrementar sustancialmente las sanciones financieras contra migrantes.
En concreto, contra aquellos que tras recibir una orden judicial de expulsión del país, no hayan abandonado el territorio nacional y sean posteriormente arrestados por los agentes de control fronterizo.
La medida, impulsada bajo las directrices del gobierno de Trump, busca elevar el cobro administrativo hasta un tope de 18.000 dólares por indocumentado.
El objetivo es aumentar de 5.130 dólares a 18.000 la multa penal aplicable a los extranjeros que recibieron una orden de deportación en ausencia, desatendieron el dictamen de salida obligatoria y terminaron bajo la custodia operativa del ICE.