Una jueza federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas inglés) pagar alta suma de dinero por honorarios y gastos legales, tras dictaminar que la agencia actuó sin justificación al deportar a un venezolano al Centro de Confinamiento del Terrorism (CECOT), una prisión de máxima de seguridad situada en El Salvador.
De acuerdo con lo reseñado por The Daily Record, se la ordenó a la agencia cancelar unos 165.000 dólares.
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La decisión fue emitida este martes por la jueza federal de distrito de Maryland, Stephanie Gallagher, quien determinó que el DHS violó un acuerdo de conciliación alcanzado en una demanda colectiva al proceder con la expulsión del hombre, identificado en los documentos judiciales únicamente como «Cristian».
Según la magistrada, el gobierno etiquetó al joven como integrante de la banda Tren de Aragua sin seguir el debido proceso, y lo deportó antes de que se resolviera su solicitud de asilo.
Sobre esta actuación, Gallagher dictaminó que el gobierno no estaba «sustancialmente justificado» al calificar al hombre como miembro de la organización y expulsarlo del país.
Cristian forma parte de una demanda colectiva iniciada hace siete años en representación de menores extranjeros no acompañados sin estatus legal ni tutores, una condición que en teoría debía protegerlo de una deportación mientras su caso migratorio seguía abierto.
Terminó expulsado en marzo de 2025. Un día después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que invocaba la Ley de Extranjeros Enemigos para justificar la expulsión de venezolanos señalados de pertenecer a la banda sin garantías procesales.
La orden llegó poco después de que el Departamento de Estado catalogara al grupo como «organización terrorista extranjera», y afirmaba que el país enfrentaba una «invasión» de la banda.
Meses después de su llegada a El Salvador, a Cristian lo trasladaron a Venezuela. Es decir, el país que había huido por temor a ser perseguido, como parte de un intercambio de prisioneros. Ya en abril de 2025, antes de ese traslado, Gallagher había determinado que la deportación del entonces joven de 20 años fue injusta. Por tanto, ordenó al DHS facilitar su regreso a Estados Unidos.
PERDIERON CONTACTO CON ÉL
Sobre el trato que recibió durante su detención en la prisión salvadoreña, la jueza señaló que mientras estuvo en el país centroamericano, el gobierno le proporcionó información poco detallada sobre su salud y sus conversaciones con el gobierno de Nayib Bukele, según Gallagher.
Tras su llegada a Venezuela, el equipo legal de Cristian perdió contacto con él durante un tiempo. Sobre lo ocurrido una vez que lograron ubicarlo nuevamente, la jueza indicó que él nunca expresó su deseo de regresar a Estados Unidos para recibir la resolución sobre su solicitud de asilo.