La empresa petrolera Citgo respondió por medio de un comunicado en su página web, que fueron notificados sobre una nueva demanda presentada el pasado jueves, 21 de mayo, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Delaware.
La demanda fue interpuesta por los ciudadanos Jorge Alejandro Rodríguez Moreno, Miguel Enrique Otero Castillo, Iván R. Freites C., Ángel Moreno, Pedro O. Mora y Jesús A. M. Carrillo.
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De acuerdo con Citgo, estas personas retomaron reclamos que, según la compañía, ya fueron «desestimados» por tribunales federales.
Citgo afirmó, que las reclamaciones incluidas en el nuevo proceso, derivan de litigios previos que ya habían sido desestimados tanto por el Tribunal Federal del Distrito de Delaware como por el Distrito Sur de Florida.
La compañía recordó que, en fallos anteriores, ambas instancias judiciales «determinaron» que los demandantes no lograron acreditar que Citgo o sus filiales hubieran incurrido en las conductas señaladas como base de sus acusaciones.
Asimismo, la compañía también negó la existencia de irregularidades por parte de sus directivos o empleados. Sostuvo que no es responsable de las deudas, que los demandantes aseguraron tener pendientes.
«Citgo no es responsable de ninguna de las deudas que estos demandantes afirman que se les adeudan. Y no tiene intención de pagar tales reclamaciones», indicó la empresa en el comunicado.
En este sentido, se reiteró mediante el escrito, que Citgo no tiene intención de reconocer ni pagar dichas reclamaciones.
La petrolera señaló además que sus operaciones se llevan a cabo en cumplimiento de las leyes y regulaciones de Estados Unidos. Incluidas, las disposiciones sobre sanciones internacionales y las directrices del Departamento del Tesoro.

¿QUÉ SE SABE DE ESTA DEMANDA?
De acuerdo con una publicación del diario El Nacional, la demanda efectivamente fue admitida el pasado jueves por el Tribunal del Distrito de Delaware, en Wilmington.
Se detalló, que los seis ciudadanos venezolanos, comparecientes pro se (sin la asistencia de un abogado), invocaron la ley federal contra el crimen organizado —la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, conocida como RICO— frente a 13 codemandados, entre ellos Citgo Petroleum Corporation, su matriz delawariana PDV Holding, la Junta Administradora Ad Hoc de Pdvsa y nueve personas físicas.
La causa quedó formalmente vinculada por el tribunal al expediente 1:23-cv-00989, que tramita la jueza Jennifer L. Hall desde hace casi tres años.
Los nombres de los demandantes coinciden con los de una acción judicial presentada en 2023 contra la República de Venezuela, Pdvsa, Citgo y otras entidades del sector petrolero venezolano.
En ese proceso, los demandantes alegaron haber sufrido daños económicos y laborales. Incluyendo reclamos por despidos, beneficios laborales y otras compensaciones que, según afirmaron, estaban pendientes de pago.

