Un giro político inesperado abrió la puerta al posible cierre del centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz, luego de que el gobernador de Florida (EEUU), Ron DeSantis, admitiera que ahora respalda desmantelar la instalación que su propia administración inauguró hace apenas 10 meses.
De hecho, este jueves, 7 de mayo, en Lakeland, el gobernador declaró a los periodistas que: «Sería formidable para nosotros desmantelar esa instalación».
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DeSantis confirmó que el tema está sobre la mesa y atribuyó el viraje a la llegada de Markwayne Mullin como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegurando que el funcionario revisó el caso «con una perspectiva fresca».
El gobernador también confirmó que sostuvo una reunión con Tom Homan, el «zar de la frontera» de la Casa Blanca, para discutir los $608 millones que Florida esperaba recibir como reembolso federal, fondos que nunca llegaron.
El cambio de postura surgió tras un reportaje del New York Times, que reveló conversaciones entre el Departamento de Seguridad Nacional y funcionarios estatales sobre el eventual cierre del recinto ubicado en los Everglades.
El posible cierre representa un quiebre abrupto para un proyecto que fue defendido con fuerza por la administración estatal y promovido como un símbolo de la agenda de deportaciones masivas impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Pero el centro siempre ha estado en el ojo del huracán. Incluso, Florida gastó cientos de miles de dólares en litigios para mantenerlo operativo, después de que un juez de Miami ordenara su cierre temporal.
Sin embargo, el DHS reiteró que solo reembolsará costos por detenido, no la construcción, lo que dejaría a los contribuyentes cargando con la factura millonaria del complejo levantado en tiempo récord en medio de los Everglades.
REACCIONES
En tanto, la noticia provocó reacciones inmediatas entre autoridades locales y defensores de derechos humanos.
La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, celebró en redes sociales y escribió: «Durante meses, miles de personas han permanecido detenidas allí en condiciones inhumanas y sin un debido proceso efectivo, todo ello mientras se despilfarra millones de dólares de los contribuyentes. Ha llegado el momento de restablecer la dignidad y la rendición de cuentas»
Mientras, que la congresista Debbie Wasserman Schultz, calificó el recinto como un ejemplo de «crueldad despilfarradora».
Organizaciones como Sanctuary of the South insistieron en que las denuncias de abusos —incluyendo golpizas a detenidos— demuestran que el centro «debería ser clausurado de inmediato», aunque advirtieron que no confiarán en la promesa hasta verla concretada.