(EFE).- El Gobierno de Venezuela informó este lunes que la Justicia otorgó la semana pasada «medidas alternativas» a la privación de la libertad para 51 personas detenidas, en medio de denuncias por la ralentización del proceso de amnistía y a solicitud del Programa para la convivencia y paz, instalado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
En un comunicado publicado en X, el Ministerio de Comunicación e Información indicó que las medidas fueron solicitadas para personas «procesadas o condenadas» por delitos relacionados con «atentados contra la institucionalidad democrática», sin especificar las identidades de los supuestos beneficiados ni cuáles fueron esas medidas.
Según explicó el texto, el Programa de convivencia y paz propuso «evaluar el otorgamiento» de las medidas, una decisión que apoyó el Ministerio Público (MP, Fiscalía), que el pasado 16 de abril introdujo las solicitudes ante los tribunales.
«Dichas medidas fueron acordadas por los tribunales competentes y ejecutadas en esa misma fecha», añadió el comunicado.
También ratificó que el Gobierno «seguirá adoptando medidas» para favorecer el reencuentro de la población, así como «el fortalecimiento del tejido social».
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PRESOS EN VENEZUELA
Según la última actualización de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en el país, al menos unas 477 personas están detenidas por motivos políticos, entre ellos 43 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.
Este lunes, Orlando Moreno, coordinador de derechos humanos del partido Vente Venezuela, denunció persecución y hostigamiento por parte de funcionarios de seguridad. Estaban apostados a las afueras de su residencia y en actividades políticas en el estado Delta Amacuro.
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Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la negación de anulación del caso contra el periodista Carlos Julio Rojas. Esto tras más de un mes de retraso en la respuesta a su solicitud de amnistía.
La semana pasada, Primero Justicia denunció la detención y posterior excarcelación -con medidas cautelares- de su presidente en el estado Mérida, Alexis Paparoni. Y quien fue aprehendido por funcionarios de contrainteligencia militar cuando se disponía a tomar un vuelo en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.
Estas denuncias surgieron en medio de un proceso de amnistía comenzado el pasado febrero y que se ha ralentizado en las últimas semanas. Luego de que la Justicia otorgara la libertad plena a más de 8.000 personas. Y de las cuales la gran mayoría tenía medidas cautelares y cuyas identidades no han sido divulgadas en un listado oficial.
EFE