Estados Unidos anunció un nuevo y más severo marco de restricciones de visado dirigido a América Latina y el Caribe, una medida que marca un giro significativo en su política hacia la región.
Según informó el Departamento de Estado, la administración busca impedir que actores considerados «potencias adversarias» amplíen su influencia mediante el control de activos estratégicos o actividades que, a juicio de Washington, puedan comprometer la seguridad hemisférica.
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En esta primera fase, 26 personas fueron objeto de sanciones migratorias, aunque no se revelaron sus identidades ni nacionalidades.
El gobierno estadounidense explicó que la política ampliada permite negar visas a ciudadanos de la región que financien, faciliten o participen en acciones que se consideren contrarias a los intereses de seguridad y estabilidad de Estados Unidos.
Entre las actividades señaladas se incluyen la cesión de infraestructura crítica a gobiernos adversarios, la desestabilización de iniciativas de seguridad regional, el apoyo a operaciones de influencia extranjera y cualquier acción que afecte la soberanía de los países del hemisferio.
La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que utilizará todos los instrumentos disponibles para proteger lo que considera prioridades estratégicas.
NO ES UNA ESTRATEGIA NUEVA
El uso de restricciones de visado no es nuevo en la política exterior estadounidense, y la administración Trump ha recurrido a esta herramienta en varias ocasiones recientes.
Uno de los episodios más notorios fue la revocación del visado del presidente colombiano Gustavo Petro, en medio de un conflicto diplomático marcado por desacuerdos sobre migración y su participación en una manifestación en Nueva York relacionada con la guerra en Gaza y en favor a Nicolás Maduro.
Aunque posteriormente las sanciones fueron revertidas como parte de un proceso de normalización bilateral, el caso evidenció el peso político que Washington atribuye a esta medida.
Otro episodio que generó controversia ocurrió en Chile, cuando Estados Unidos anunció la cancelación de visas a tres funcionarios acusados de facilitar actividades que, según Washington, comprometían la infraestructura de telecomunicaciones y la seguridad regional.
El gobierno chileno negó categóricamente las acusaciones, pero el Departamento de Estado mantuvo su postura y criticó duramente a la administración del entonces presidente Gabriel Boric.
El comunicado oficial, incluso, afirmó que estas acciones empañaban el legado del mandatario socialista.
«El legado del gobierno de Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en detrimento último del pueblo chileno», advirtió el texto firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.
