Una jueza federal estadounidense ordenó este viernes, 27 de marzo, al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que permita que los migrantes detenidos en el polémico centro de detención ‘Alligator Alcatraz’, en Florida, accedan a abogados.
De acuerdo con medios locales citados por EFE, la jueza federal Sheri Polster Chappell determinó que tanto ICE como la División de Gestión de Emergencias de Florida deben permitir asesoría legal y publicar información clara sobre cómo los defensores pueden comunicarse con los detenidos.
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Lo que se detalló, es que la decisión responde a una demanda presentada por organizaciones de derechos civiles, las cuales denuncian violaciones sistemáticas al debido proceso de los migrantes.
Las organizaciones demandantes fueron: la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) y Sanctuary of the South.
Estas asociaciones «no dejarán de luchar hasta que este sitio abusivo cierre por completo de una vez por todas», manifestó Corene Kendrick, subdirectora del Proyecto Nacional de Prisiones de ACLU en un comunicado.
«El fallo es una gran victoria y subraya lo que hemos sabido que es cierto todo este tiempo: el acceso a la asesoría legal es un derecho constitucional, no un privilegio, para todas las personas en este país, y el estado de Florida e ICE no pueden encerrar a la gente sin que tengan forma de hablar con un abogado», indicó.
¿POR QUÉ ES TAN POLÉMICO EL ALLIGATOR ALCATRAZ?
El centro, inaugurado en julio de 2025 en plena zona pantanosa de los Everglades, se ha convertido en un símbolo de la política migratoria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Su ubicación remota, rodeada de caimanes y serpientes, y las denuncias de condiciones extremas han alimentado la controversia desde su apertura.
Para grupos como la ACLU y Sanctuary of the South, la falta de acceso a representación legal no solo vulnera derechos fundamentales, sino que forma parte de un patrón más amplio de prácticas abusivas.
Las organizaciones demandantes insisten en que continuarán presionando hasta lograr el cierre definitivo del centro, al que califican como un espacio “abusivo” e incompatible con los estándares mínimos de trato humano.
PRESIÓN DESDE EL CONGRESO
Además, la presión sobre el gobierno federal aumentó también desde el Congreso.
Esto último, porque los senadores demócratas Jon Ossoff y Richard «Dick» Durbin enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, exigiendo una investigación inmediata por «acusaciones creíbles» de abusos dentro del centro.
Los legisladores sostienen que los detenidos son sometidos a castigos extremos, incluyendo confinamiento en «pequeñas jaulas» conocidas como «la caja», donde permanecen esposados bajo el sol, sin agua ni alimentos durante horas.
«Estas condiciones que, según reportes, sufren los detenidos, como se presume, parecen violar los estándares de detención del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura», escribieron.
