En las últimas horas, se dieron a conocer datos de un nuevo informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) que detalla la expansión del Tren de Aragua en territorio estadounidense, en el cual se alertó que la organización criminal venezolana ya tiene presencia en al menos 46 estados.
La información fue difundida en X (antes Twitter), este martes, 17 de marzo, por la periodista de NewsNation Ali Bradley, y en la misma se describe a la pandilla como una de las amenazas más violentas y de mayor crecimiento en el país, reforzando su reciente designación como organización terrorista bajo la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
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Según el informe, el Tren de Aragua ha logrado operar mediante células dispersas que se apoyan en redes de tráfico humano, extorsión y delitos violentos.
El DHS fue contundente en su evaluación: «Esta es una de las bandas más despiadadas del planeta. Violan, mutilan y asesinan por diversión», señala el reporte.
La agencia también reveló que, en los últimos meses, las autoridades federales han arrestado a más de 7.800 miembros de pandillas, entre ellos 1.232 individuos vinculados al Tren de Aragua y 1.271 integrantes de la MS-13, dos de las organizaciones criminales más perseguidas por las fuerzas de seguridad estadounidenses.
El informe subraya que la expansión del grupo venezolano ha sido más rápida de lo previsto, especialmente en zonas urbanas con alta movilidad migratoria.
Asimismo, los datos difundidos generaron una respuesta inmediata desde la Casa Blanca. A través de su canal oficial «Response 47» también en X, la administración Trump acusó a los militantes del Partido Demócrata de obstaculizar los esfuerzos de seguridad nacional.
«Mientras ICE y la Patrulla Fronteriza trabajan incansablemente para arrestar a los terroristas extranjeros que Joe Biden y los demócratas dejaron entrar, los demócratas se niegan a financiar al DHS, dejando a nuestra nación más vulnerable y a más de 100.000 empleados sin sueldo. Es asqueroso», publicó la cuenta oficial.
El mensaje es un claro reflejo de la creciente tensión política en torno al financiamiento del DHS y las operaciones migratorias que se vienen registrando desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
As ICE and Border Patrol work tirelessly to arrest the foreign terrorists let in by Joe Biden and the Democrats, the Democrats refuse to fund @DHSgov, leaving our nation more vulnerable and more than 100,000 employees without pay.
It's sick. https://t.co/A7CGphF9LQ
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 17, 2026
BÚSQUEDA DEL NIÑO GUERRERO
En paralelo, el informe vuelve a colocar la atención sobre Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», líder máximo del Tren de Aragua y uno de los fugitivos más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
La agencia recordó esta semana, a través de su cuenta en Instagram, que Guerrero Flores enfrenta cargos bajo la Ley RICO. Además pesan sobre él acusaciones por brindar apoyo material al terrorismo y participar en delitos como asaltos, secuestros y asesinatos.
Vale recordar, que su paradero sigue siendo desconocido desde la intervención de la cárcel de Tocorón en 2023, situada en el estado Aragua, en Venezuela.
Las autoridades estadounidenses insisten en que el Tren de Aragua ha trascendido las fronteras de Venezuela, consolidándose como una amenaza hemisférica.
La organización ha logrado establecer operaciones en varios países de América Latina. Y, según el DHS, ha aprovechado rutas migratorias para expandir su influencia y reclutar nuevos miembros.
Esta dimensión transnacional llevó a las agencias federales a reforzar la cooperación con gobiernos de la región e intensificar las investigaciones financieras y de inteligencia.
En este contexto, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra Niño Guerrero y otros cinco cabecillas del grupo.
Las sanciones buscan bloquear el acceso del Tren de Aragua a recursos económicos. Para ello, se ha dispuesto a congelar activos y limitar su capacidad operativa tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
