El economista y exdiputado José Guerra pidió a la Asamblea Nacional poner en marcha un debate amplio sobre la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a la vez que recomendó varias modificaciones a la legislación.
El Parlamento aprobó en primera discusión la reforma de ley el pasado 22 de enero. Aunque Guerra reconoció que la ley se puede modificar, sostuvo que se deben crear unas condiciones estables al sector petrolero.
«La premura para obtener más ingresos a corto plazo no debe sustituir el debate sano para mejorar una norma fundamental para Venezuela», detalló Guerra, quien consideró que la ley «debe trascender la gestión» de un presidente en ejercicio.
«Puede ser perfeccionada para que sea estable y garantice la mayor cantidad de recursos para este país urgido de aumentar su producción de petróleo y que con sus arcas exhaustas está imposibilitado de hacerlo por sí mismo», acotó Guerra.
PROPUESTAS DE GUERRA
El especialista consideró que se deben aclarar, reafirmar o modificar distintos artículos de la ley. Uno de los aspectos más importantes es el llamado de Guerra a brindar poderes a la Asamblea Nacional para supervisar y autorizar operaciones petroleras.
«Dejar establecido que en el artículo 10 del proyecto de reforma modifica el artículo 44, que pasa a ser al artículo 52, que la regalía tendrá un máximo de 20% y un mínimo de 10%, ambos valores a ser determinadas por la autoridad competente», apuntó Guerra.
El economista subrayó que estas modificaciones permitirán que «los yacimientos venezolanos sean competitivos». «Todo depende del nivel de producción y este depende la inversión y el buen manejo de los yacimientos», añadió.
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Guerra también pidió incorporar gradualmente a «componentes nacionales». Asimismo, consideró crucial «conformar un fondo de solidaridad social» para los propietarios de empresas expropiadas en el sector y entregar un bono a trabajadores despedidos.
La reforma de esta ley es una iniciativa de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Especialistas indican que esta reforma abrirá la puerta a inversiones extranjeras y podría incrementar los ingresos petroleros del Estado.
