Activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos se concentraron este viernes frente a la sede de la Cancillería de Venezuela, en Caracas, para exigir que se autorice el ingreso al país de organismos internacionales que verifiquen la situación de los detenidos, luego de que este jueves comenzara el diálogo entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición agrupada en la Asamblea Nacional electa en 2015.
Para ellos, así lo manifestaron a través de carteles y sus propias declaraciones, «no hay transición sin la liberación de todos los presos políticos».
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En este sentido, Andreína Baduel, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), entregó un documento a la Cancillería para solicitar que también se permita el ingreso de la Cruz Roja Internacional a las cárceles y que, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), constaten las «violaciones de derechos humanos a las que están sometidos los presos políticos», según declaró a los medios.
Asimismo, Baduel —también hija de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez y preso político fallecido en 2021— abogó por el ingreso de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ha solicitado acudir a Venezuela para «constatar la situación de violaciones de derechos humanos y no se lo han permitido».
PETICIONES
En concreto, el documento entregado tiene cinco solicitudes del CLIPP, entre ellas que la Cancillería formalice la invitación y facilite los protocolos necesarios para la visita de la CIDH, así como la cooperación de la Misión Independiente de la ONU.
Además, se piden autorizaciones para que el Comité Internacional de la Cruz Roja acceda de manera regular a los centros de detención de Venezuela para evaluar las condiciones de «salubridad, integridad física, nutrición y asistencia médica de las personas privadas de libertad».
También se solicita un mecanismo de comunicación directa entre el CLIPP y la Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela para informar a organismos internacionales sobre los casos de «muertes bajo custodia y desapariciones forzadas que aún no han sido esclarecidos».
Familiares de presos políticos exigen a la Cancillería que permita el ingreso de mecanismos internacionales DDHH a Venezuela.
Andreina Baduel, @clippve, alerta que el patrón de violaciones contra presos políticos ha sido denunciado ante las instituciones del Estado, sin… pic.twitter.com/rXx32zRRV9
— PROVEA (@_Provea) August 7, 2026
LEY AMNISTÍA
La ONG pidió a la Cancillería que «asuma un rol activo» en la implementación de la Ley de Amnistía, que contempla un período de 27 años, desde 1999 —cuando el chavismo llegó al poder—, pero señala que se concede a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido y casos relacionados con operaciones militares y otros delitos.
MUERTOS EN CUSTODIA
Al menos 51 presos comunes fallecieron entre abril y julio de este 2026 en Venezuela, según un conteo publicado este viernes por la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
El pasado martes, el OVP indicó que algunos de los fallecidos «padecían enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que difícilmente habrían terminado con sus vidas si hubiesen recibido atención médica adecuada».
#LoUltimo #7Ago Familiares de los presos políticos rompieron el cerco que impedía la protesta ante la Cancillería y exigieron la libertad de todos. Una delegación de seis personas entre ellos Sairam Rivas, Hioanka Ávila y Andreína Baduel lograron entrar al despacho a introducir… pic.twitter.com/3JqerMltGc
— 🟣Qué Pasa en Venezuela (@QPEV_) August 7, 2026
DIÁLOGO EN VENEZUELA
La solicitud llega en paralelo al inicio del diálogo entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición, cuya delegación —encabezada por Dinorah Figuera— acordó este jueves un primer ciclo de negociación hasta el 12 de agosto, centrado en la reformulación del Consejo Nacional Electoral (CNE), la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las garantías de derechos civiles.
Se trata de una agenda en la que Figuera adelantó que la atención a los afectados por los terremotos de La Guaira y Caracas también tendrá un lugar prioritario.
Con información de EFE