Ramón López, integrante de la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 en la mesa de diálogo, aseguró que empresas internacionales auditarán el uso del oro venezolano resguardado en el Banco de Inglaterra, una vez este pase a cuentas del Departamento del Tesoro de EEUU.
El dirigente político dijo que esto tiene como fin «que el gasto sea absolutamente transparente» durante la ejecución de las obras de atención tras los recientes sismos.
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En entrevista a Venevisión, López explicó que el oro se liberará «siempre y cuando haya toda la planificación necesaria y mecanismos de control». Luego, precisó que los fondos irán a cuentas del Tesoro bajo un plan estricto para viviendas, escuelas y centros de salud.
El representante de la delegación opositora rechazó de forma contundente que la medida responda a una negociación política. «No es un canje dar el oro por el Tribunal Supremo, no es verdad (…) no se enlaza uno con otro», afirmó. Al mismo tiempo, ratificó la existencia de controles para evitar desvíos en el proceso de reconstrucción.
López fijó la postura de la representación parlamentaria respecto a su rol en las decisiones administrativas de la nación. «Nosotros no pretendemos ser cogobierno, pero sí pretendemos de verdad aliviar problemas que definitivamente tiene un pueblo que ha venido sufriendo durante muchísimos años», añadió el dirigente.
VENEZUELA Y EL ORO EN INGLATERRA
El pacto entre la delegación de la AN de 2015 y el gobierno interino busca canalizar activos hacia los afectados por el doble terremoto del 24 de junio. El texto establece mecanismos directos de trazabilidad, transparencia y auditoría continua para asegurar la llegada efectiva de los recursos a las zonas siniestradas.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitó en julio mediante una carta dirigida al rey Carlos III de Inglaterra la liberación del oro venezolano depositado en la entidad británica.
Las estimaciones oficiales de 2023 calculan un total de 31 toneladas de oro valoradas en unos 1.950 millones de dólares, retenidas en Londres tras los cuestionamientos judiciales sobre la legitimidad de Nicolás Maduro.