Juan Miguel Matheus, integrante de la delegación de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, aseguró que «hay buenos aportes» tras el segundo ciclo de conversaciones con los representantes del gobierno de Delcy Rodríguez, que concluyó con acuerdos para levantar bloqueos a medios digitales y reformar el sistema judicial.
Matheus, durante una entrevista con el Circuito Éxitos, definió los resultados como un «pacto de mínimos institucionales» para avanzar de forma realista hacia la democratización del país.
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«La mesa de conversaciones ha arrojado resultados. Es la primera vez que en el primer ciclo de trabajo hay resultados, y en el segundo ciclo también los hay. Hay unos resultados que tienen que ver con la libertad de expresión y de información, y son evidentes. Hoy hay un clima de información y de libertad de expresión que se asemeja más a un proceso de democratización que a un proceso de autocracia, de una autocracia que se pretende dejar en el pasado», afirmó.
En el plano institucional, el dirigente destacó tres aportes: «En primer lugar, hay un compromiso de conformar la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Electorales en la próxima sesión de la Asamblea Nacional 2025, y ya fue convocada esa sesión».
El segundo es «el compromiso de publicar el cronograma del procedimiento de designación de magistraturas», lo que dará certeza sobre los tiempos de la transformación del sistema de justicia.
El tercero, que calificó como «la mejor noticia», es la designación de los integrantes del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
«Un consejo independiente, en el cual hay que destacar cuatro nombres eminentes de venezolanos que rompen todas las barreras de las diatribas políticas y le dan honorabilidad a la causa», señaló.
JURISTAS SELECCIONADOS POR LA OPOSICIÓN
Según explicó Matheus, el consejo quedó conformado el viernes por siete juristas. Se trata de Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio Sánchez Zerpa, Deyanira Nieves Bastidas, Federico Fuenmayor Gallo y María Bernardoni de Govea.
Cuatro fueron postulados por la oposición: Ramírez Landaeta, Pérez Perdomo, Pulido Márquez y Bernardoni de Govea. Los otros tres, Sánchez Zerpa, Nieves Bastidas y Fuenmayor Gallo, los seleccionados por el chavismo. Estos últimos, ocuparon en los últimos años cargos en el aparato judicial del gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, tanto en el TSJ como en la Defensoría Pública y el Ministerio Público.
«Los otros nombres, como es evidente y en todo proceso de negociación, fueron aportados por la delegación del gobierno nacional. Personas vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional durante todos estos años. Pero allí, sin entrar con lupa en lo que es evidente, lo que tiene que hacer Venezuela y el mundo periodístico es ver el contraste evidente entre cuatro nombres», consideró.
«Que representan la esperanza de la transformación del sistema de justicia en Venezuela y tres nombres que son puestos por la otra parte negociadora. Pero repito, cada quien saca sus conclusiones. Y Venezuela ve con optimismo esa relación de nombres y de talante moral en cada uno de ellos», sostuvo.
Sobre los juristas, seleccionados por la oposición, recalcó: «Son nombres en los cuales el país puede confiar. No hay mejores manos por las cuales pasen las credenciales de quienes van a ejercer como magistrados en el TSJ. Por eso te decía que, más allá de unos mínimos institucionales, creo que hay grandes pasos de perseverancia negociadora. Y hacia la democratización, que hoy Venezuela puede celebrar con cautela, pero es muy importante que tome parte de esto».
ACUERDOS SOBRE MEDIOS Y PRESOS POLÍTICOS
Asimismo, el ciclo de conversaciones coincidió con recientes excarcelaciones de presos políticos y la restitución del acceso a varios portales informativos digitales.
Frente a las declaraciones de voceros del gobierno, Matheus enfatizó que «es más importante leer los acuerdos firmados que escuchar las voces de quienes quieren distraer a los venezolanos».
Precisó que las partes mantienen la mesa de trabajo con Estados Unidos como facilitador. Todo para velar por el cumplimiento de los pactos, dar certezas al país e impulsar el restablecimiento del Estado de derecho y la justicia electoral.