El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes la muerte de dos presos en las cárceles de los estados Táchira y Bolívar.
«Dos presos con enfermedades graves murieron en Santa Ana y Guaiparo: uno de ellos recibió una medida humanitaria después de fallecer», indicó el organismo.
Destacó que los hechos ocurrieron los días 26 y 27 de octubre. «Ambos casos plantean serios interrogantes sobre la atención médica y las decisiones de las autoridades responsables de garantizar la vida de quienes permanecen bajo custodia del Estado», acotó.
El OVP señaló que los presos quedaron identificados como Rendy Ramón Ladera Araujo, quien falleció en el Hospital Central de San Cristóbal. «Estaba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I (CPO I), conocido como la cárcel de Santa Ana, estado Táchira, y, según la información recibida padecía leucemia», apuntó.
«Su muerte se suma a otros fallecimientos documentados por nuestra organización en ese establecimiento durante 2026. En mayo murió Francisco Orellano y, en junio, Yonny José Bastidas Briceño, quien padecía peritonitis aguda y otras complicaciones de salud», recordó el organismo.
Asimismo, el OVP comentó que a esta situación se añade el hacinamiento del CPO I, donde más de 1.300 personas permanecen recluidas en instalaciones con capacidad para 800, lo que representa una ocupación superior al 162 %.
EL OTRO CASO
El Observatorio Venezolano de Prisiones mencionó que el segundo caso corresponde a Ildelfonzo Gil, quien falleció la mañana del 27 de octubre en los calabozos policiales de Guaiparo, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, mientras padecía cáncer avanzado en el rostro.
«Gil permanecía detenido preventivamente, sin haber sido condenado. Su abogado defensor había solicitado en reiteradas oportunidades al Tribunal de Violencia contra la Mujer de Puerto Ordaz una medida humanitaria de arresto domiciliario, debido a la gravedad de su enfermedad», dijo.
Resaltó que un médico había advertido que le quedaban pocos meses de vida, por lo que su defensa y los familiares realizaron diligencias para que pudiera pasar ese tiempo junto a su familia. Sin embargo, según la denuncia recibida, el tribunal negó la medida en tres oportunidades.
«Lo más alarmante es que, después de su fallecimiento, apareció una boleta judicial que acordaba el arresto domiciliario, fechada el mismo 27 de octubre. ¿Por qué se rechazaron las solicitudes anteriores y cómo se explica que la medida apareciera cuando Gil ya había muerto?», acotó.
LOS PRESOS Y LAS CÁRCELES
Humberto Prado, director del OVP, advirtió que la sobrepoblación supera el 566 % y que los traslados para recibir atención médica hospitalaria requieren autorización judicial, salvo en casos de estricta emergencia.
Además, el cierre de otros establecimientos de reclusión en Bolívar ha contribuido a que los calabozos de los cuerpos policiales, el CICPC y la Guardia Nacional Bolivariana permanezcan abarrotados.
Ante estos fallecimientos, Humberto Prado exigió investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales para determinar qué atención médica recibieron ambos detenidos y si existieron retrasos u omisiones que comprometieran sus vidas.