El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes que murió la exdirectora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de Julio por no recibir atención médica en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques.
La víctima quedó identificada como Eleiner Sánchez. El OVP acotó que «murió luego de presentar una obstrucción intestinal mientras permanecía detenida».
«Eleiner llevaba varios días con problemas de salud y había solicitado ser trasladada a un centro asistencial. Sus súplicas fueron ignoradas hasta que su condición se volvió crítica. No fue hasta este domingo, 27 de septiembre, que fue trasladada al Hospital Victorino Santaella Ruiz de Los Teques, donde su condición requería una cirugía de emergencia», indicó.
Sánchez había sido funcionaria del Ministerio del Servicio Penitenciario y directora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de Julio.
🚨#OVPDenuncia Murió exdirectora de la cárcel 26 de Julio por no recibir atención médica en La Crisálida
Eleiner Sánchez, exdirectora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de Julio, murió luego de presentar una obstrucción intestinal mientras permanecía detenida… pic.twitter.com/RuiDdpmWEp
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) September 28, 2026
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Incluso el OVP señaló que su propio hijo denunció en reiteradas oportunidades que ella poseía «evidencias sobre presuntas tramas de corrupción interna. Situación que, según sus denuncias, habría estado relacionada con su detención y posterior vulneración de sus derechos».
«Su muerte pudo y debió evitarse pues, como tantas otras personas privadas de libertad que han muerto bajo custodia, Eleiner tenía derecho a recibir atención médica oportuna y digna», expresó la ONG.
EL OVP Y LAS MUERTES DE RECLUSOS
El OVP agregó que esta es la segunda muerte que documentan en La Crisálida. La primera fue la de Fabiana Desirée Páez Fernández, quien falleció en junio.
«Dos mujeres han muerto en el mismo centro penitenciario en pocos meses. En ambos casos la falta de atención médica forma parte de las denuncias documentadas», añadió.
«Insistimos en que las autoridades tienen la obligación jurídica y moral de garantizar la vida, integridad y salud de toda persona bajo su custodia. Privar de libertad no puede significar, bajo ninguna circunstancia, una condena implícita a la tortura por denegación de auxilio ni a la muerte por abandono», sentenció.