El abogado penalista y experto en temas de seguridad ciudadana, Luis Izquiel, analizó los pros y los contras de la medida anunciada por el Gobierno de la eliminación de las alcabalas en las ciudades del país.
Durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital, indicó que la eliminación de las alcabalas en las ciudades «ha sido percibida de forma positiva, aunque hay que esperar que la misma se concrete en un instrumento legal, sea una resolución, un decreto o cualquier otro».
Además, que esta medida se ejecute en la práctica porque recordó que «anteriormente también hubo anuncios presidenciales de eliminación de alcabalas que nunca se concretaron en la realidad».
ASPECTOS POSITIVOS DE LA ELIMINACIÓN DE LAS ALCABALAS
- «Lo positivo es la eliminación de puntos de control de alcabalas que eran percibidos como centros de corrupción, extorsión donde muchos venezolanos eran víctimas. Cuando la gente miraba una alcabala lejos de dar confianza, lo que le daba era terror de pasar por allí y ser víctima de funcionarios inescrupulosos».
- «La otra parte positiva es la preferencia del patrullaje sobre las alcabalas, porque técnicamente está comprobado que el patrullaje es más efectivo que las alcabalas para prevenir el delito».
ASPECTOS NEGATIVOS
- «Se hace un anuncio de eliminación de alcabalas en las ciudades haciéndose eco del clamor popular que pedían que eliminaran esos puntos de extorsión, pero ahora el tema es que anuncian que esos mismos funcionarios pasarían al patrullaje a pie, bicicleta, motocicleta o carros. Esos funcionarios que demostraron una conducta desviada en las alcabalas podrían repetir esos comportamientos en labores de patrullaje y seguir atentando contra la ciudadanía».
- «El anuncio se suscribe solamente a las alcabalas en las ciudades dejando vivas aparentemente las alcabalas policiales y militares que están en las distintas carreteras del país».
Luis Izquiel manifestó que la idea no es trasladar funcionarios extorsionadores a otros puntos «sino que la verdadera reestructuración profunda del sistema de policía de Venezuela pasaría por una depuración completa de los cuerpos de seguridad del país sacando a los funcionarios corruptos».
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Además, resaltó que es conocido que hay muchísimas denuncias sobre todo de productores agropecuarios sobre extorsiones en las carreteras del país, así como también de personas que trasladan bienes de otro tipo y ciudadanos comunes.
«Y esta medida deja vivas las que se pueden montar en pueblos y caseríos y sobre todo las que están en las carreteras. Por ejemplo hay gente que traslada plátanos desde el Zulia o queso desde Guárico y regularmente son víctimas de actos de extorsión, tienen que dejar parte de la mercancía en múltiples alcabalas que hay en esos caminos y allí también hay que poner el ojo», dijo.
EL PROBLEMA EN LOS CUERPOS POLICIALES
El profesor de criminología en la UCV apuntó que aunque la medida es positiva «no resuelve el problema de fondo».
Y es que aseguró que el problema «es la presencia masiva de funcionarios corruptos y extorsionadores dentro de los cuerpos de seguridad del país».
«Lo que se debe imponer es una reestructuración profunda de las policías en Venezuela. En este país hay alrededor de 150.000 funcionarios policiales preventivos. En primer lugar eso está por arriba de los estándares internacionales o del promedio mundial que señalarían que un país como Venezuela, hoy serían suficientes unos 90.000 o 100.000 funcionarios policiales preventivos. Es decir hay un excedente de al menos un 50%», comentó.
De igual forma, Luis Izquiel expresó que eso también ocurre porque en los últimos años «se prefirió la política de sacar policías como chorizo».
«Prefirieron la masificación policial por encima de la calidad de los funcionarios. Esa política de masificación ha servido para el control de la sociedad, pero ha sido perjudicial para el tema de la seguridad ciudadana», agregó.
LAS ALCABALAS ILEGALES
El experto destacó que tras publicar la medida en un instrumento legal, las alcabalas en las ciudades serían ilegales. «En teoría cualquier persona podría denunciar la instalación ilegal de una alcabala policial», dijo.
«El problema es que eso indica la teoría, pero en la práctica es mucho más difícil. Cualquier ciudadano puede ser víctima de una alcabala instalada ilegalmente por un corto tiempo donde funcionarios inescrupulosos sigan cometiendo actos de extorsión», puntualizó.
Asimismo, mencionó que en el pasado también ha habido resoluciones que regulaban el tema de las alcabalas y no se han cumplido.
«Es una resolución conjunta del Ministerio de Interior, Justicia y Paz y el Ministerio de la Defensa. La misma establecía una serie de requisitos para poder montar una alcabala. Entre ellos una notificación a la Zodi del lugar, la identificación de los funcionarios policiales en ese puesto. Y poner un aviso luminoso que indicara el cuerpo que estaba practicando esa alcabala y eso nunca se cumplió», manifestó.
En ese orden de ideas, señaló que «se montaron alcabalas como les daba la gana incumpliendo esa resolución. Por eso es importante si esto será acatado en la realidad una vez que se plasme oficialmente. La ciudadanía tiene que estar muy atenta y presionar para que esta medida se termine ejecutando en la realidad. Esto para acabar definitivamente con ese punto de extorsión que eran las alcabalas en las ciudades de Venezuela».