Representantes de la ONG Acceso a la Justicia acudieron a 196 jornadas de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí hablaron acerca de proceso de designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela.
La ONG se refirió a que actualmente “Venezuela atraviesa un proceso de reinstitucionalización que representa una oportunidad histórica para reconstruir sus instituciones democráticas. También ofrece la posibilidad de que la selección de los magistrados se ajuste plenamente al modelo constitucional”.
Sin embargo, recordó que esa renovación que comenzó en abril de este año, quedó suspendido a finales de junio como consecuencia del doble terremoto que afectó al país.
No obstante, destacó que ese proceso forma parte de la agenda de reinstitucionalización de la mesa de diálogo, “lo que brinda la oportunidad de corregir sus deficiencias antes de que continúe. Y esa corrección es indispensable”.
CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY DEL TSJ
La ONG destacó que la actual Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se aparta del modelo previsto en la Constitución. La Carta Magna “atribuye la preselección de candidatos a un Comité de Postulaciones Judiciales con la sola participación de la sociedad civil”. Pero, “la ley vigente trasladó el control de esa etapa a la Asamblea Nacional”. Y esto “reduce “la participación ciudadana y favoreciendo la politización del proceso”.
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Acceso a la Justicia recordó que “la experiencia demuestra que esa ley puede reformarse. Hace apenas unos meses fue modificada, entre otros aspectos, para aumentar el número de magistrados”.
Entonces cree que “si pudo cambiarse para alterar la composición del Tribunal, también puede reformarse para adecuarla a la Constitución”. La idea es “restablecer las garantías de independencia judicial que esta consagra, devolviendo a la sociedad civil el papel central que le corresponde en la preselección de los candidatos”.
LA SELECCIÓN DE LOS MAGISTRADOS
No obstante, incluso si esa reforma no se produce,” el proceso de selección ya iniciado debe retrotraerse hasta la fase de convocatoria de postulaciones, pues esta se desarrolló sin la transparencia exigida por la propia ley”, alertó.
Por ello recomendó “como mínimo, la publicación del baremo de evaluación, del número de vacantes, de las Salas a las que corresponden. Además de toda la información necesaria para garantizar un proceso abierto, verificable y sujeto al escrutinio ciudadano».
En cualquiera de estos escenarios, la ONG considera que “la Comisión Interamericana puede desempeñar un papel muy importante”. “Su experiencia y autoridad en materia de independencia judicial la convierten en un actor idóneo para acompañar técnicamente este proceso”.
Incluso, le sugiere “promover la aplicación de estándares objetivos de evaluación y dar seguimiento al cumplimiento de los principios interamericanos de independencia judicial, transparencia y mérito”.
Para concluir, la organización dijo que “la reconstrucción del Estado de derecho en Venezuela comienza por recuperar la independencia de sus jueces. Y esa confianza solo podrá restablecerse mediante un proceso de selección constitucional, transparente, participativo y basado exclusivamente en el mérito”.