(EFE).- La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) exigió al gobierno revertir su decisión de salir de la Corte Penal Internacional (CPI) y cooperar con el tribunal, que lleva una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2017.
A través de un comunicado, difundido este sábado, el Clippve exigió también a la Fiscalía de la CPI que continúe «sin dilación» la investigación y preservarla durante un año, período que se necesita para que se formalice la salida de Venezuela del tribunal.
Además, pidió a los Estados del Estatuto de Roma que respalden política y financieramente a la CPI, una solicitud que se da luego de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunciara la semana pasada una campaña diplomática para «desmantelar» al tribunal y presionar a los aliados de Washington para que abandonen el organismo, al que acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses.
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El viernes, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, anunció la decisión del Gobierno de renunciar al Estatuto de Roma, al considerar que la CPI actúa con un «sesgo» que concentra su labor de forma «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos, y responde a intereses ajenos a la justicia internacional.
A juicio de la ONG, esta decisión es un «intento de cerrar una vía de justicia para proteger a responsables que aún ejercen el poder», al tiempo que subrayó que «al menos 500 personas siguen detenidas por motivos políticos y cientos de víctimas dependen de mecanismos internacionales para acceder a la verdad, justicia y reparación».
«Las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecución llegaron a la Corte porque los tribunales nacionales no investigaron ni sancionaron a los responsables», aseguró el Comité.
CPI LAMENTÓ DECISIÓN DE VENEZUELA
El viernes, la CPI lamentó la decisión de Venezuela y le recordó que la renuncia no tendrá efectos inmediatos, ya que el país seguirá siendo parte del organismo durante un año, y mantendrá también sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos ya iniciados en los últimos años.
En 2018, la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y, en 2021, inició una investigación formal que permanece activa.
En abril de 2022, Venezuela solicitó que se aplazara la investigación en favor de las actuaciones de sus autoridades nacionales, pero en junio de 2023 la Corte autorizó a la Fiscalía de la CPI a reanudarla al considerar que los procedimientos penales internos del país suramericano no reflejaban suficientemente el alcance de las pesquisas.
Aunque la Fiscalía de la CPI cerró en diciembre pasado su oficina técnica en Caracas por la falta de «progreso real» en materia de complementariedad, dejó claro entonces que los investigadores de la oficina del fiscal en La Haya continuarán con las pesquisas. EFE
COMUNICADO | Retirarse de la CPI no borra los crímenes ni extingue los derechos de las víctimas.
El retiro tarda un año en surtir efecto y no interrumpe las investigaciones ya iniciadas.
Rechazamos la decisión del Estado venezolano de retirarse de la Corte Penal Internacional.… pic.twitter.com/KcAXcVTOkG
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) July 25, 2026