Juan Pablo Guanipa denunció que el plazo legal de 10 días de despacho fijado por la Corte de Apelaciones del estado Carabobo, para dictar sentencia sobre el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano Scott y otros 22 coimputados venció formalmente sin que el tribunal haya emitido un pronunciamiento oficial.
La audiencia de apelación, realizada por vía telemática el pasado 26 de agosto de 2026, dejó la causa en estado de deliberación, pero el retraso judicial prolonga la incertidumbre sobre los detenidos del caso Fuerte Paramacay.
De acuerdo al llamado de Guanipa, el juzgado se ha mantenido intermitentemente en condición de «sin despacho». Esta situación congela los lapsos procesales y extiende lo que calificó como una detención arbitraria prolongada, por lo que exigió la libertad del capitán y la de sus compañeros.
El 26 de agosto, la Corte de Apelaciones de Carabobo se reservó diez días de despacho para decidir sobre el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano y sus compañeros.
Ya venció ese plazo y no hay decisión. Solo una espera cruel para 23 venezolanos que llevan nueve años… pic.twitter.com/jzm53jaV8w
— Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) September 19, 2026
Nueve años de detención y una condena al límite constitucional
La causa penal contra el capitán Caguaripano y sus compañeros se remonta a agosto de 2017, tras el asalto militar conocido como la Operación David contra el Fuerte Paramacay en Valencia.
Tras un juicio prolongado, en diciembre de 2025 el tribunal de primera instancia dictó la pena máxima de 30 años de prisión por los delitos de traición a la patria y rebelión.
A lo largo de sus 9 años bajo custodia, la defensa y los familiares de los 23 procesados han consignado denuncias ante organismos internacionales sobre graves violaciones a los derechos humanos, aislamiento y torturas, en especial durante sus periodos de reclusión en sedes de contrainteligencia militar antes de ser trasladados al Internado Judicial de la Región Capital Rodeo I.
Excluidos de las medidas de amnistía política
A pesar de las constantes solicitudes de la sociedad civil y las mesas de negociación política para la liberación de los presos políticos en Venezuela, el caso Paramacay se marginó, sistemáticamente, de cualquier beneficio processal o indulto.
La apelación actual representa el último recurso interno para modificar, anular o ratificar las sentencias máximas impuestas. Activistas y defensores de los derechos civiles urgen al Poder Judicial a reactivar el despacho ordinario, garantizar el debido proceso y poner fin a la dilación de una sentencia que ya superó los límites establecidos en las leyes venezolanas.