La abogada y coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, señaló este viernes que los acontecimientos que ocurrieron recientemente en la sede del Sebin en El Helicoide «exponen la faceta más opaca y discrecional del modelo penitenciario aplicado a los disidentes».
Durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital, destacó que tras las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el recinto penal «entró en un período de 72 horas de absoluto aislamiento informativo y caos institucional».
«Durante tres días de extrema zozobra para los familiares que mantenían una vigilia permanente en las afueras, las autoridades ejecutaron traslados masivos y arbitrarios sin ofrecer ningún tipo de información oficial. Los familiares atestiguaron la salida del centro penal de autobuses, camionetas y ambulancias con los prisioneros. Ignorando por completo sus destinos y su integridad física», comentó.
A su juicio, este episodio representa «un eslabón más en un patrón de desgaste sistemático y una afrenta directa a la salud mental, física y emocional tanto de los familiares como de los ciudadanos que continúan pagando el costo de los maltratos y abusos derivados de una prisión injusta por motivos políticos».
«Es imperativo enfatizar que la sociedad venezolana no tiene descanso frente a la constante ejecución de procedimientos arbitrarios por parte del Estado. Estas acciones no constituyen hechos aislados ni desorganizados, sino una estrategia deliberada para prolongar un estado de zozobra permanente. Además, desgastar el tejido social a través del profundo desequilibrio psicológico que produce la incertidumbre», expresó Martha Tineo.
Asimismo, acotó que lograron confirmar la siguiente ruta de traslados de los presos que estaban en El Helicoide:
• Un grupo superior a los 20 presos políticos que permanecía en El Helicoide fue reubicado bajo condiciones de extrema vulnerabilidad en el centro penitenciario Yare III.
• Se ratificaron traslados de más de 90 privados de libertad hacia otros recintos carcelarios como Yare I, La Planta y Tocuyito.
Aunque, apuntó que durante la noche del 3 de junio de 2026, su organización y otras ONG aliadas comenzamos a registrar y verificar ciertas liberaciones restringidas, cuyas condiciones técnicas y procesales aún están bajo evaluación.
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PAÍS
Hace varios días, la presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió con la Defensora del Pueblo y expresó que «los Derechos Humanos son la brújula que guía al Estado». Ante esto, Martha Tineo respondió: «Esa afirmación representa un ejercicio de cinismo político que choca de frente con los datos y la realidad documental del país».
«La contradicción institucional es de tal magnitud que la gestión de las organizaciones defensoras de derechos humanos ha tenido que volcarse por completo hacia las instancias internacionales, ante la absoluta inoperancia y sumisión de los órganos internos a la línea que dicte el Estado», manifestó.
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Resaltó que una «muestra inequívoca de esta quiebra del Estado de Derecho es que la sociedad civil organizada ha tenido que acudir a mecanismos extraordinarios como la Jurisdicción Universal ante los tribunales federales de Argentina».
«Frente a un Estado que asegura tener los derechos humanos como brújula, la realidad demuestra que la única vía cierta de justicia para los familiares de las más de 330 víctimas ejecutadas en el contexto de manifestaciones pacíficas desde 2014 y los presos políticos que registra nuestra organización al día de hoy, reside fuera de nuestras fronteras, desmintiendo de forma categórica la retórica oficialista», sentenció.
EL CASO DE VÍCTOR HUGO QUERO
Martha Tineo se pronunció sobre el comunicado del Ministerio Público sobre la muerte de Víctor Hugo Quero. «Constituye un alarmante intento por reducir una violación estructural a los derechos humanos a un simple tecnicismo clínico», mencionó.
«Despachar el fallecimiento de un ciudadano bajo tutela estatal mediante un comunicado de escasos párrafos que atribuye el deceso a un ‘tromboembolismo pulmonar’ es una maniobra de archivo arbitrario que carece del más mínimo rigor técnico», agregó.
Además, afirmó que bajo los estándares del derecho internacional y el ordenamiento constitucional venezolano, «el Estado ejerce una posición de garante irrenunciable sobre la vida de toda persona privada de libertad».
«Determinar una causa médica de muerte no exime de responsabilidad penal ni administrativa a las instituciones de custodia. Al contrario, traslada la carga de la prueba al Estado. Y el cual está obligado a demostrar si existió una denegación sistemática de atención médica o una omisión de socorro criminal en el Rodeo I. Una muerte por motivos de salud tras las rejas es, la gran mayoría de las veces, el desenlace directo de una negligencia institucionalizada», aseguró.
LA FALTA DE PERITOS INDEPENDIENTES
También se refirió a la exclusión de peritos independientes y de veedores de la sociedad civil en el proceso de exhumación y necropsia. «Responde a una política deliberada de monopolio de la verdad para evitar el escrutinio técnico. Pero al tratarse de una muerte potencialmente ilícita ocurrida en un contexto de privación de libertad, la actuación fiscal debió regirse estrictamente por el Protocolo de Minnesota. La ausencia de contraexperticia médica solo confirma el temor institucional a que una evaluación científica imparcial desmonte la versión oficial».
De igual forma, consideró que el comunicado oficial «guarda un silencio cómplice y devastador» sobre el «calvario» que vivió su madre.
«Al omitir deliberadamente estos hechos y no anunciar una investigación penal interna, el Ministerio Público encubre la cadena de mandos del CICPC. Así como del Ministerio del Servicio Penitenciario y del Poder Judicial. Además, de sus propios fiscales, quienes por acción u omisión participaron en este entramado de opacidad», aclaró.
EL LLAMADO A LAS AUTORIDADES
Martha Tineo exigió a las autoridades venezolanas: «La liberación inmediata y plena de todos los presos políticos en el país. Sostenemos de forma irrenunciable que la libertad de todos los ciudadanos privados de libertad. Así como el cese de la persecución, la tortura y la desaparición forzada por motivos políticos constituye un punto de honor y una prioridad absoluta».
Resaltó que esta es la condición mínima indispensable para poder afirmar que en Venezuela es factible activar un proceso de transición democrática real y creíble.
«No existe viabilidad institucional mientras el Estado mantenga celdas operativas para castigar el disenso», acotó.
Por último, envió un mensaje al gobierno de los Estados Unidos y la comunidad internacional. «Valoramos que mantengan el foco institucional sobre la crisis humanitaria de las prisiones venezolanas», comentó.
Sin embargo, agregó que la libertad de los presos políticos y la dignificación de las víctimas «jamás deben ser instrumentalizadas como fichas de canje. Ni variables secundarias o paliativos dentro de negociaciones geopolíticas o energéticas».
«La dignidad humana de los prisioneros y el dolor de sus familias no admiten concesiones estratégicas», concluyó.