La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó retirar a Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI), organismo que tiene una investigación en curso por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.
El canciller, Félix Plasencia, informó de la medida en sus redes sociales. Según un breve comunicado, Venezuela comunicó a António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, la «decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma».
Para el Palacio de Miraflores, la CPI ha tenido «un sesgo geográfico demostrado». «Ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del sur global», agregó.
«Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía», apuntó.
SEÑALA «INTERESES» DE LA CPI
El gobierno de Rodríguez consideró que las acciones de la CPI no son «una simple coincidencia procesal». En tal sentido, aseguró que se trata de un «reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger»
«Por ello rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir», agregó Plasencia.
Luego de decidir anunciar su retiro de la CPI, el gobierno aseguró que mantiene su «compromiso con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos».
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Por instrucciones de la presidenta encargada @delcyrodriguezv, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU,@antonioguterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127.
Venezuela…
— Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) July 24, 2026
La Fiscalía de la CPI mantiene abierta una investigación sobre Venezuela desde 2021. Según el organismo, hay argumentos para considerar que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad, citando evidencias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias.
Tras denunciar una «falta de progreso real», la CPI cerró su oficina en Caracas en diciembre de 2025. En paralelo, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para derogar el Estatuto de Roma, acusando al organismo de estar «instrumentalizado por el imperialismo».