El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) reiteró este martes, 29 de septiembre, que la Ley contra el Odio debe ser derogada, tras conocerse que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a la Asamblea Nacional (AN) una reforma parcial de ese instrumento legal.
«Ante la solicitud hecha por la presidente(e), Delcy Rodríguez a la AN de reforma a la Ley Contra el Odio, el CNP reitera que este instrumento debe ser Derogado por su carácter punitivo y discrecional que viola derechos constitucionales.Entre ellos derecho a la libertad de expresión», sostuvo el gremio a través de sus redes sociales.
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Rodríguez planteó la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, publicada en 2017 y catalogada por la oposición como parte de un «marco legal represivo».
«He solicitado a la Asamblea Nacional la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, para avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en esta norma y para corregir desviaciones en su aplicación», expresó la mandataria encargada también en una publicación en redes sociales.
La funcionaria agregó que la modificación busca «abrir nuevos espacios» para el reencuentro entre los venezolanos. También «promover la tolerancia a la diversidad en pleno respeto a la dignidad humana».
«Seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela», afirmó.
Ante la solicitud hecha por la Presidente(e),Delcy Rodríguez a la AN de reforma a la Ley Contra el Odio,el CNP reitera que este instrumento debe ser Derogado por su carácter punitivo y discrecional que viola derechos constitucionales,entre ellos derecho a la libertad de expresión
— cnpven (@cnpven) September 29, 2026
LEY CONTRA EL ODIO
La norma se aprobó en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente. Nicolás Maduro la solicitó expresamente para frenar los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, desencadenaron la ola de protestas antigubernamentales que sacudió al país entre abril y agosto de ese año.
El texto contempla penas de hasta 20 años de cárcel por los llamados «delitos de odio». Desde su aprobación se le cuestionó por parte de defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales como Espacio Público.
La ONG en 2023 denunció que se utilizó como un instrumento «para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».