(EFE).- La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes, en un primer debate, un proyecto de reforma de ley para acelerar la construcción de viviendas en el país, estimadas por el Gobierno en unas 25.000, luego del doble terremoto del pasado 24 de junio.
Esta reforma «tiene como objetivo principal promover la construcción de nuevas viviendas con un enfoque adaptado a los nuevos tiempos», señaló el primer vicepresidente de la AN, el chavista Pedro Infante, en la sesión ordinaria transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Infante señaló que el proyecto de reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria -que deberá pasar por un segundo debate para su aprobación final- busca garantizar mejores condiciones con seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector privado inicie un «proceso agresivo» de construcción de viviendas.
El legislador explicó que la reforma contempla destrabar el esquema de precio rígido que «impide absorber las variaciones de los costos de materiales e insumos durante el tiempo de ejecución de las obras», lo que permitirá que las partes acuerden libremente mecanismos de estabilización del saldo deudor en función «de las fluctuaciones reales del mercado».
Además, se resolverá el tema del límite legal «restrictivo» que fijaba que en 24 meses la obras debían estar culminadas.
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Infante sostuvo que la reforma contempla la estimulación de la banca pública y privada para que otorgue créditos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, eliminando riesgos regulatorios «desproporcionados».
Por su parte, la diputada opositora Alejandra Rodríguez reconoció la importancia de esta iniciativa que representa una oportunidad para actualizar el marco jurídico de este sector, procurando un «equilibrio entre el derecho a la vivienda, la protección de la propiedad privada, la seguridad jurídica y el impulso a la inversión responsable».
Asimismo, dijo que espera que durante la consulta pública de esta reforma sean escuchados todos los actores involucrados, como propietarios, arrendatarios, cámaras inmobiliarias, de construcción, así como gremios de especialistas.
«Un marco legal sólido solo puede construirse a partir del diálogo y la participación amplia de manera que las distintas visiones y experiencias queden reflejadas en ese documento definitivo», apuntó.
El sábado, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, estimó en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para las personas que perdieron sus casas por los terremotos del 24 de junio.
Además, anunció el inicio de un censo biométrico en los campamentos transitorios habilitados en Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira -el más afectado-, con el fin de saber con precisión «cuántas viviendas nuevas se necesitan», dijo.