Las personas que aguardan por una casa en Venezuela se han acumulado tras diversas tragedias, desde el deslave de Vargas en 1999 hasta los colapsos de viviendas por lluvias en los últimos 15 años, llegando hasta este año, cuando miles perdieron sus hogares por el doble terremoto.
A raíz de estos hechos históricos, cientos de familias acumulan hasta una década y media en refugios y albergues.
De acuerdo con un trabajo de El País, un caso emblemático es el de Magdalena, quien compró una vajilla que soñaba estrenar en la vivienda que el Estado le otorgaría tras perder su hogar en 2012 por un deslizamiento en Catia, al oeste de Caracas. Sin embargo, fue a parar a un edificio abandonado en la avenida José Ángel Lamas que servía como refugio y finalmente falleció en 2025, tras 13 años de espera, sin haber podido estrenar sus platos.
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Moraima, vecina de Magdalena, vive actualmente en el mismo inmueble junto a su hijo con autismo severo y su hermano con fallas cardíacas y renales. Pese a padecer artrosis y un déficit de cartílago grado 4, debe subir cuatro pisos por las escaleras.
Tras los recientes terremotos, varios ingenieros le advirtieron que debía correr por las escaleras ante una réplica debido al severo deterioro de las columnas. «¿Pero cómo corro con mi condición?», se cuestiona Moraima, quien recibió un crédito de 8.000 bolívares (unos 10 dólares), un monto insuficiente con el que solo halló ranchos inaccesibles para su discapacidad.
Su preocupación no es únicamente que le asignen una casa, sino el estado del lugar que habita ahora, al que irónicamente califica como «espacio humanizado». El sitio no es un apartamento, sino una especie de cubículo al que, durante los últimos 14 años, ha añadido colchones, sábanas para dividir los espacios y algunos electrodomésticos.
FAMILIAS DE DAMNIFICADOS EN LA TORRE POMARROSA DE CATIA
En la Torre Pomarrosa de Catia permanecen otras 110 familias que llegaron en los últimos 16 años por desastres naturales, operativos de seguridad como las OLP o por encontrarse en situación de calle. Yarcelis, de 41 años y madre de seis hijos, vive allí desde hace una década en un cubículo dividido con sábanas, compartiendo baño con 20 personas y con un acceso restringido, pues el inmueble se cierra con llave a las 10:00 p.m.
«Yo quisiera irme para donde me den, porque imagínate. Con tantas cosas, a veces a uno le da depresión, porque uno a veces no tiene ni pa’ comer, aunque tenga internet», reconoció.
El Gobierno del Distrito Capital mantiene a 398 familias en cinco refugios y cuatro albergues; estos últimos bajo el control de las Cuadrillas Defensoras de la Paz, lo que, según denuncias de los afectados, limita su libertad de expresión.
En la Posada de Catia quedan 15 familias de las 100 que ingresaron en 2010, mientras que en la Casa Taller habitan 21 familias que no cuentan con agua corriente desde hace un mes.
Tras el reciente doblete sísmico, el gobierno de Delcy Rodríguez entregó 200 viviendas. Quienes protestaron a través de TikTok desde los albergues recibieron como respuesta la promesa de un nuevo censo y advertencias de acciones legales por desacato.