Un juez federal acusó al gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, de desacato por ignorar una orden judicial que prohibía la deportación de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, hacia una prisión en El Salvador.
Como se recodará, la controversia gira en torno al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por Trump para justificar las expulsiones.
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Según el juez James Boasberg, esta acción no solo desobedeció una orden judicial, sino que también violó principios constitucionales fundamentales.
La administración Trump defendió su decisión alegando vínculos de los migrantes con organizaciones criminales como el Tren de Aragua, aunque investigaciones independientes han demostrado que la mayoría de los deportados no tienen antecedentes penales.
“La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”, escribió el juez en su decisión de más de 40 páginas.
Permitir al Gobierno “anular” los fallos de las cortes, agregó Boasberg, “convertiría en una burla solemne a la propia Constitución”.
Lo cierto, es que el impacto de estas deportaciones ha generado críticas internacionales y demandas legales. Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que los migrantes están siendo sometidos a condiciones que califican como «desaparición forzada» en la prisión salvadoreña.
Además, el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para albergar a los deportados ha sido objeto de escrutinio por su falta de transparencia y las denuncias de abusos a los derechos humanos en el sistema carcelario.
TRUMP «OBEDECIÓ» LA ORDEN
Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Un día después de que se invocara la ley, Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.
Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que el incluso Trump sugirió llevar a un juicio político al magistrado.
