El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha firmado una ley que prohíbe la adición de fluoruro al agua potable del estado, convirtiéndolo en el segundo en EEUU en adoptar esta medida, después de Utah.
La legislación, conocida como SB 700, no menciona explícitamente el fluoruro. Sin embargo, impide el uso de ciertos aditivos en el sistema de agua pública, lo que en la práctica elimina la fluoración del suministro estatal.
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DeSantis justificó la decisión argumentando que la fluoración del agua representa una «medicación forzada». Dijo, que los ciudadanos, deben tener la libertad de elegir si desean consumir esta sustancia.
La prohibición ha generado un intenso debate entre expertos en salud pública y defensores de la medida.
Mientras que el gobernador y sus aliados sostienen que el fluoruro puede tener efectos adversos en mujeres embarazadas y niños, organizaciones como la Asociación Dental Estadounidense y la Academia Estadounidense de Pediatría han defendido la fluoración como una práctica segura y efectiva para la prevención de caries dentales.
Según estas instituciones, la eliminación del fluoruro podría aumentar los problemas de salud bucal, especialmente entre comunidades con menos acceso a atención odontológica.
El respaldo a la ley proviene de figuras como el cirujano general de Florida, Joseph Ladapo. En concreto, ha expresado preocupaciones sobre los posibles efectos negativos del fluoruro en el desarrollo cognitivo infantil.
Sin embargo, estudios científicos han señalado que los beneficios de la fluoración del agua superan los riesgos, y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha calificado esta práctica como uno de los mayores logros de salud pública del siglo XX.
A pesar de ello, la administración de DeSantis ha optado por seguir adelante con la prohibición, alineándose con sectores que promueven la autonomía individual sobre las recomendaciones médicas establecidas.
La medida también ha sido interpretada como parte de una estrategia política más amplia de DeSantis. El gobernador ha impulsado leyes que refuerzan la autonomía estatal frente a regulaciones federales.
En este contexto, la eliminación del fluoruro se suma a otras decisiones controvertidas, como la flexibilización de restricciones sanitarias durante la pandemia de COVID-19.
Lo cierto, es que esta controvertida medida entrará en vigor el próximo 1 de julio, marcando un cambio significativo en la política de salud pública del estado.