La administración del presidente de EEUU, Donald Trump, enfrenta una demanda por limitar el acceso a asesoría legal a los migrantes detenidos en el centro Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida.
De acuerdo con medios locales, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida y Americans for Immigrant Justice, los demandantes —entre ellos abogados, organizaciones legales y migrantes recluidos— denuncian que se han violado derechos constitucionales fundamentales, incluyendo el debido proceso y la libertad de comunicación entre abogado y cliente.
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El centro, inaugurado el 1 de julio de 2025, ha sido descrito como una “prisión clandestina” construida en apenas dos semanas sobre un viejo aeródromo rodeado de caimanes y pitones.
Según versiones de algunos de los familiares de los detenidos, las condiciones son alarmantes: temperaturas abrasadoras, mosquitos constantes, carpas inundadas, escasez de agua potable y comida en mal estado.
Los propios migrantes han reportado que se les obliga a desatascar inodoros con las manos desnudas, mientras se les «niega» el derecho a ejercer sus creencias religiosas.
Más allá de las condiciones físicas, lo que ha encendido la indignación es la política de supuesto aislamiento legal. Según la demanda, el Gobierno ha prohibido las visitas presenciales de abogados, restringido las llamadas confidenciales por teléfono o video, y bloqueado el intercambio de documentos legales.
Esta situación estaría impidiendo que los migrantes puedan presentar solicitudes de liberación o defenderse adecuadamente ante la ley.
Eunice Cho, abogada principal del caso, calificó el centro como “un oscuro capítulo en la historia de nuestra nación”, señalando que su existencia refleja “el peligro de una autoridad gubernamental sin control cuando se combina con un odio desenfrenado”.
Por su parte, Bacardi Jackson, director de la ACLU en Florida, denunció que el centro representa no solo un fracaso político, sino también moral, al tratar a seres humanos como “ratas en un experimento”.
Mientras la demanda avanza en los tribunales, la administración Trump ha anunciado planes para construir cinco megacentros similares, lo que ha intensificado la controversia sobre el trato a los migrantes y el uso del poder estatal.
