El juez del condado de Clarke, en Georgia (EEUU) H. Patrick Haggard ordenó una evaluación mental para José Ibarra, el migrante venezolano condenado en Estados Unidos por el brutal asesinato de la estudiante de enfermería Laken Riley.
La decisión responde a una moción presentada por la defensa del venezolano, que alega que Ibarra sufre una «deficiencia congénita». Afirmaron que pudo haber afectado su capacidad para comprender el proceso judicial y colaborar en su defensa.
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El crimen ocurrió el 22 de febrero de 2024, cuando Riley, de 22 años, fue atacada mientras corría por el campus de la Universidad de Georgia.
Según la fiscalía, el encuentro fue aleatorio y terminó en un forcejeo fatal. Ibarra fue declarado culpable en noviembre de ese mismo año y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Asimismo, es de destacar, que el venezolano renunció a su derecho a juicio por jurado, dejando que el juez decidiera el veredicto.
Los abogados defensores –James Luttrell y David Douds– argumentaron que esa renuncia debió haber sido “personal e inteligentemente informada”, algo que dudan haya ocurrido.
Asimismo, criticaron que no se solicitó una evaluación de competencia durante el juicio original. Pero lo más controversial, es que sostienen que Ibarra «no comprendía ni el proceso ni las implicaciones legales».
La fiscal del caso, Sheila Ross, respondió que no hubo señales previas de incompetencia mental, pero no se opuso a la evaluación solicitada.
En consecuencia, la orden judicial instruye al Departamento de Salud Conductual y Discapacidades del Desarrollo de Georgia a realizar la evaluación con ayuda de un intérprete en español.
El tribunal busca determinar si Ibarra entendía los procedimientos previos al juicio, el proceso mismo, y si pudo colaborar con sus abogados en la preparación de su defensa y apelación. El resultado de esta evaluación será clave para decidir si procede un nuevo juicio.
Como se recordará, este caso ha trascendido el ámbito judicial y se convirtió en un símbolo dentro del debate migratorio. Incluso, en enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, promulgó la “Ley Laken Riley”, que endurece los requisitos para detener a migrantes indocumentados acusados de delitos violentos.
