En medio de mucha incertidumbre para los extranjeros, el gobierno de EEUU ha implementado nuevas medidas para garantizar el registro obligatorio de migrantes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).
Según la Orden Ejecutiva 14159, firmada por el presidente de EEUU, Donald Trump, en enero, los migrantes que permanezcan en el país por más de 30 días deben registrarse y proporcionar datos biométricos.
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De acuerdo con el mandato, el incumplimiento de esta normativa podría resultar en sanciones penales, incluyendo multas y penas de cárcel.
La orden ejecutiva, titulada “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”, instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a hacer cumplir estrictamente el artículo 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Este artículo exige que todos los extranjeros mayores de 14 años, que no hayan sido registrados previamente al solicitar una visa, cumplan con el proceso de registro.
Los padres o tutores legales son responsables de registrar a menores de esa edad, mientras que los adolescentes que cumplan 14 años deben reinscribirse en un plazo de 30 días.
El USCIS ha desarrollado un formulario específico, el G-325R (Información Biométrica para el Registro), y un portal digital para facilitar el cumplimiento de esta obligación.
Sin embargo, la agencia ha dejado claro que este registro no otorga beneficios migratorios ni autorización de trabajo. Además, los mayores de 18 años deben portar una constancia oficial de cumplimiento en todo momento como prueba válida de su registro.
Como era de esperarse, estas medidas han generado preocupación entre los defensores de los derechos de los migrantes, quienes argumentan que la normativa podría aumentar la vulnerabilidad de estas personas.
Además, algunos críticos señalan que las sanciones penales, que incluyen multas y encarcelamiento, podrían ser desproporcionadas y afectar negativamente a familias que ya enfrentan desafíos significativos.