Una noche de tensión y confusión sacudió el centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey (EEUU), cuando al menos cuatro migrantes se fugaron en medio de un motín provocado por el retraso en la entrega de alimentos.
Según informes oficiales, citados por FOX, alrededor de 50 detenidos derribaron una pared del dormitorio tras denunciar que pasaron más de 20 horas «sin recibir comida».
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La situación, desató una revuelta, que obligó a las autoridades a intervenir con gases y equipos tácticos.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que los cuatro migrantes fugados —dos hondureños y dos colombianos— estaban bajo custodia por delitos como agresión agravada, posesión de armas y robo.
Los fugados han sido identificados como Franklin Norberto Bautista-Reyes (Honduras), Joel Enrique Sandoval-López (Honduras), Joan Sebastián Castañeda-Lozada (Colombia) y Andrés Pineda-Mogollón (Colombia).
ICE ofreció una recompensa de $10,000 por información que conduzca a la captura de estas personas. Mientras tanto, se ha iniciado una investigación federal para determinar cómo lograron escapar y si existen otras vulnerabilidades estructurales en el centro.
Los hechos ocurrieron este jueves, 12 de junio, cuando los detenidos, desesperados por dichas condiciones que calificaron de inhumanas, comenzaron a protestar.
Testigos relataron que algunos internos utilizaron sábanas como cuerdas improvisadas para escapar por las ventanas, mientras otros gritaban pidiendo agua y atención médica. Todo escaló rápidamente, y las fuerzas del orden rodearon el centro, mientras manifestantes en el exterior bloqueaban la salida de vehículos oficiales.
El alcalde de Newark, Ras Baraka, denunció públicamente la falta de supervisión en Delaney Hall, operado por la empresa privada GEO Group.
Baraka incluso fue arrestado el mes pasado al intentar inspeccionar las instalaciones, lo que ha intensificado el debate sobre el uso de prisiones privadas para la detención migratoria. “Esta operación no puede continuar sin control”, declaró, exigiendo acceso inmediato para funcionarios municipales y del Congreso.
«Toda esta situación carece de una supervisión suficiente de todos los detalles básicos, incluidas las leyes locales de zonificación y los derechos constitucionales fundamentales. Esta es la razón por la que debe permitirse la entrada de funcionarios municipales y de nuestra delegación en el Congreso para que observen y controlen, cualquier razón por la que las prisiones privadas supongan un problema muy real para nuestro Estado y su Constitución», sostuvo.
