El senado de Florida aprobó este viernes un polémico proyecto de ley impulsado por el gobernador de ese estado, Ron DeSantis, donde se pretende imponer penas de hasta de 15 años de cárcel para quien transporte o contrate a migrantes irregulares.
Ahora la normativa debe ser aprobada por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, lo que no debe ser un obstáculo para su sanción.
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La Cámara alta, también de mayoría republicana, aprobó con 27 votos a favor y 10 en contra el proyecto de ley. El mismo, impondrá multas y revocación de licencias a las empresas que no aseguren la legalidad migratoria de todos sus trabajadores.
“Tenemos una crisis de inmigración ilegal, al punto que la gente lo llama una invasión”, dijo el senador republicano Blaise Ingoglia, autor del proyecto SB 1718, durante el debate, según reseñó el medio local Florida Politics.
COALICIÓN DE INMIGRANTES DICEN QUE LOS USAN DE «CHIVOS EXPIATORIOS»
Por su parte, el director de Políticas Públicas de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, por sus siglas en inglés), David Metellus, lamentó que la nutrida comunidad de inmigrantes del estado se traten como «chivos expiatorios».
“A lo largo de este periodo legislativo, la mayoría parlamentaria ha tratado de utilizar a nuestras comunidades como chivos expiatorios políticos. Esto en su incesante búsqueda para promover las ambiciones políticas del gobernador DeSantis”, precisó Metellus en un comunicado.
Dicha ley busca obligar a los hospitales y centros médicos del estado a recoger información sobre el estatus migratorio de sus pacientes. Esto pone en riesgo su acceso a la salud, “por temor a ser atacados o discriminados en función de su estado migratorio”.
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También invalida las licencias de conducir emitidas a indocumentados en otros estados, según reseñó Miami Diario.
Matellus alertó además sobre las amenazas que supone la norma para las familias “de estatus mixto”.
A su vez, recordó que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU estableció en una guía las llamadas “áreas protegidas”. Estas se hallan lejos de los alcances de las leyes migratorias. Entre ellas figuran de forma explícita los hospitales y centros médicos.
