El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció este martes que pidió al tribunal autorización para seguir adelante con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
«Después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, he concluido que el aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado y que se debe autorizar la reanudación de la investigación», señaló el fiscal de la CPI en un comunicado.
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Khan explicó que «la evaluación independiente y objetiva» llevada a cabo por su oficina muestra que los esfuerzos y reformas en Venezuela. No obstante, siguen «siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido un impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes».
El fiscal reconoce que, «aunque el aplazamiento no está justificado en este momento, esto no significa que la evaluación no pueda revisarse en una etapa posterior del procedimiento«.
«Yo mismo estoy dispuesto y me comprometo a hacerlo ante un cambio en hechos o circunstancias relevantes», señala Karim Khan. Además, asegura que sigue «comprometido a cooperar con las autoridades venezolanas y todas las demás partes interesadas en la búsqueda de la verdad».
FISCAL ESPERA RESPUESTA DE CPI
Khan precisó que ahora será la sala de cuestiones preliminares de la CPI la que deberá decidir sobre el procedimiento a seguir.
«Independientemente del resultado, sigo comprometido con el compromiso y el diálogo para explorar formas en las que podamos cooperar para garantizar la justicia para las víctimas en Venezuela«, señala Khan, según la agencia de noticias EFE.
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El fiscal jefe de la CPI anunció la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en una visita oficial a Caracas en 2021. Asimismo, hizo público al mismo tiempo un memorándum de entendimiento con Nicolás Maduro.
Las pesquisas del tribunal con sede en La Haya abordan supuestos abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas contra miembros de la oposición en manifestaciones y en cárceles desde abril de 2017.
