El perlazo del Foro Penal sobre los ‘colectivos’ durante la audiencia sobre los hechos del 11 abril 2002

Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura

El abogado Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, alertó que en Venezuela siguen funcionando los llamados ‘colectivos’, en el marco de las audiencias por los hechos del 11 de abril de 2002 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Romero fue uno de los voceros de la audiencia sobre la masacre de Puente Llaguno. El juez de la Corte, Diego Moreno Rodríguez, preguntó si los «círculos bolivarianos y colectivos» siguen operando en Venezuela.

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«La respuesta inmediata es sí», dijo Romero. «No solo que siguen funcionando, sino que después del 11 de abril se fueron estructurando de una manera muchísimo más violenta y ya más descarada», explicó el abogado.

Recordó que, en un principio, los círculos bolivarianos eran presentados como «unos grupos culturales y educación». «Después nos dimos cuenta el 11 de abril que eran grupos armados que estaban allí para contener la población disidente que podía manifestar», dijo.

«El 11 de abril fue una sorpresa, pero, ya al día de hoy, para el pueblo venezolano el que asesinen a personas en una manifestación, detengan arbitrariamente y existan presos políticos y desapariciones forzosas pareciera algo normal», acotó.

ROMERO DETALLA SU USO

El abogado recordó que se han dado distintos «ciclos» de protestas. Citando las manifestaciones de 2024, señaló que unas 30 personas fueron asesinadas y «se vio en videos a colectivos disparando».

«El uso de estos colectivos ha sido parte de esos momentos donde ha habido esa represión o esos picos de represión», acotó. Para Romero, los círculos bolivarianos «se transformaron en otras cosas», incluyendo los colectivos.

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Romero destacó el valor de la audiencia ante la Corte IDH, alegando que «los grupos civiles armados ha sido parte de la estrategia gubernamental para mantener el monopolio del poder» durante las últimas décadas.

La Corte IDH escuchó el miércoles los argumentos y evidencias del caso. Ahora, el organismo evaluará la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos en la masacre del 11 de abril de 2002.

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