La Corte Penal Internacional, rechazó firmemente este viernes, las sanciones emitidas por la administración de Donald Trump, y aseguraron que se trata de un ataque al orden jurídico.
La Corte Penal Internacional (CPI), creada hace un cuarto de siglo con la ambición de que ni presidentes ni señores de la guerra quedaran fuera del alcance de la justicia, ha sido sancionada este viernes como «institución» por Estados Unidos, lo que deja su futuro y su funcionamiento en el aire, tras las amenazas que también recibe desde Rusia.
El tribunal, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, investiga crímenes desde Ucrania hasta Palestina y Afganistán, tiene órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y prepara el juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte.
Pero, mientras trataba de esquivar medidas impuestas por Washington a 17 de sus funcionarios, Estados Unidos anunció este viernes sanciones a la «institución» al completo.
Estas sanciones han llegado tan solo unas horas después de que la magistrada sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI, fuera premiada con el Nobel de la Paz, un galardón codiciado por el presidente estadounidense Donald Trump y para el que también había sonado la propia Corte.
Estatuto de Roma
La CPI nació del Estatuto de Roma, en vigor desde 2002, como primer tribunal penal internacional permanente. A diferencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, que resuelve disputas entre países, la CPI juzga a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión.
Sus 125 países miembros se comprometieron a cooperar con ella cuando los sistemas judiciales nacionales no quieran o no puedan investigar esos crímenes.
Durante sus primeros años, prácticamente toda su actividad se concentró en África, con casos en Uganda, República Democrática del Congo, Sudán, Kenia, Malí o República Centroafricana, algo que alimentó durante años acusaciones de «doble rasero».
De aquella etapa salieron precedentes históricos: Thomas Lubanga fue condenado en 2012 por reclutar niños soldados en Congo, mientras que la orden de arresto de 2009 contra el entonces presidente sudanés Omar al Bashir por crímenes en Darfur demostró la voluntad de la Corte de perseguir incluso a un jefe de Estado en ejercicio.
Putin, Netanyahu, Duterte, los talibanes
La última década llevó a la CPI al centro de las disputas geopolíticas, especialmente cuando en 2023 ordenó detener a Putin por deportación ilegal de niños ucranianos; y un año después hizo lo mismo con Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
La Corte puede investigar crímenes cometidos en territorio palestino porque Palestina es parte del Estatuto, pero Estados Unidos e Israel, que no son miembros, rechazan su jurisdicción sobre ciudadanos israelíes.
Además, la CPI confirmó en abril tres cargos de crímenes de lesa humanidad contra Duterte, arrestado en marzo de 2025, por asesinatos y tentativas de asesinato durante su «guerra contra las drogas». Su juicio comenzará en noviembre.
El pasado lunes, la CPI hizo públicos los detalles de cuatro órdenes de arresto contra dirigentes talibanes, incluido su líder supremo, Haibatullah Akhundzada, por la persecución de mujeres y niñas y de quienes desafían las políticas de género del régimen talibán en Afganistán, lo que puede constituir un crimen de lesa humanidad.
La Corte también confirmó el año pasado 39 cargos contra el fugitivo ugandés Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor, y a finales de septiembre condenó al excomandante centroafricano Mahamat Said por crímenes de lesa humanidad en Bangui.
Sanciones de EE.UU.
Trump firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva que abrió la puerta a sancionar responsables de la CPI que participaran en investigaciones o procesos contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados, y señaló expresamente las órdenes contra Netanyahu y Gallant.
El secretario de Estado, Marco Rubio, mostró este viernes su determinación de continuar la campaña para «desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo» y se «prohibirán las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra».
Las sanciones pueden bloquear cuentas bancarias y transacciones, pero también dificultar el acceso a seguros, servicios informáticos, almacenamiento en la nube, correos y otros servicios proporcionados por empresas estadounidenses o expuestas al sistema financiero de Estados Unidos.
La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, instó a la Unión Europea a «modificar el estatuto de bloqueo para contrarrestar los efectos de las sanciones estadounidenses».
A esta amenaza exterior se sumó la mayor crisis interna de su historia: Karim Khan, fiscal jefe desde 2021 y responsable de solicitar las órdenes contra Putin y Netanyahu, fue destituido por los países miembros en junio tras una investigación por conducta sexual indebida, que él negó.
La CPI no tiene policía propia y depende de los países para ejecutar sus órdenes: ha emitido 68 a lo largo de su historia, y 34 sospechosos siguen en libertad.