Argentina se reincorporó este viernes a la denuncia que existe contra el gobierno de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, por la comisión de delitos de lesa humanidad ante la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela.
De esta manera, se retoma la querella interpuesta en 2018, por el gobierno de Mauricio Macri, junto a Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, de la que decidió separarse el presidente kirchnerista Alberto Fernández en 2018; convirtiéndose en la primera vez que un grupo de Estados demanda a un tercero ante el tribunal.
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«En el día de la fecha, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se había retirado en 2021», escribió la cancillería argentina en un comunicado.
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«Esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela», agrega la misiva.
Por último, aseguraron que «la República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia” en Venezuela.
¿EN QUÉ CONSISTE LA DENUNCIA?
Durante nueve meses expertos internacionales independientes convocados por la OEA recabaron información, recibieron el testimonio de decenas de víctimas y testigos, y analizaron las evidencias presentadas por grupos de Derechos Humanos (DDHH).
El informe contó con 489 fojas, en donde se analizaron también agresiones contra dirigentes opositores al chavismo.
Según la denuncia estas contaban con “patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso de estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas”. Todas “herramientas” utilizadas para aterrorizar al pueblo venezolano.
El documento incluyó 26 testimonios de testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas organizadas por la OEA, según reseñó Infobae.
Asimismo, contó con decenas de relatos de testimonios de víctimas y sus familiares; e informes entregados por más de 40 ONG, venezolanas e internacionales.
Entre sus conclusiones, el informe señaló que hubo 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos chavistas.
En el mismo se identificaron 8.292 ejecuciones extrajudiciales ocurridas desde 2015, así como más de 12 mil personas fueron arbitrariamente detenidas, encarceladas o sujetas a otras severas privaciones de libertad física a partir de las elecciones de 2013, donde se dio la llegada de Nicolás Maduro al poder, tras la muerte de Hugo Chávez.
