Tres ciudadanos venezolanos demandaron a las dos aerolíneas por operar los vuelos que en marzo de 2025 los trasladaron desde Estados Unidos hasta el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, donde denuncian haber sido torturados y sometidos a otros abusos.
De acuerdo con The Guardian, se trata de las aerolíneas CSI Aviation y Global Crossing Airlines (GlobalX).
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La demanda colectiva, presentada ante un tribunal federal en Washington D.C. y citada por dicho medio de comunicación, busca representar a más de 230 venezolanos expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por la administración de Donald Trump para acelerar deportaciones de presuntos miembros del Tren de Aragua.
Los demandantes alegan que ambas aerolíneas ejecutaron los vuelos pese a los cuestionamientos legales sobre el procedimiento y una orden judicial que buscaba frenarlos.
El escrito les atribuyó violaciones de derechos civiles, privación ilegítima de libertad, negligencia y daño emocional, y en el mismo se detalla los malos tratos físicos y psicológicos supuestamente sufridos dentro del CECOT.
Detallaron, que los venezolanos regresaron meses después al país como parte de un intercambio de prisioneros, pero sostienen que las secuelas de la detención persisten.
«NEGOCIO CON LAS DEPORTACIONES»
La demanda también apuntó al supuesto negocio detrás de las expulsiones, ya que los abogados sostienen que CSI Aviation y GlobalX mantenían contratos millonarios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y obtuvieron ganancias por operar estos traslados.
El caso quedó a cargo del juez federal James Boasberg, quien ya ha revisado otras demandas ligadas a estos vuelos, y se suma a los litigios que cuestionan la legalidad de las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Si prospera la certificación como demanda colectiva, el proceso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de empresas privadas que participan en operativos de deportación del gobierno estadounidense.