Florida (EEUU) activó una de las leyes más restrictivas de su agenda de seguridad, la FIRE Act, la cual fue firmada por el gobernador del estado, Ron DeSantis, e impone nuevas limitaciones a ciudadanos y entidades vinculadas con siete países considerados «adversarios extranjeros», una medida que impactará directamente a venezolanos, cubanos y migrantes de otras naciones.
La norma, oficialmente denominada Foreign Interference Restriction and Enforcement Act (HB 905), entrará en vigor el 1 de julio y busca —según DeSantis— «fortalecer las defensas de Florida contra adversarios extranjeros».
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En concreto, la legislación crea un marco de vigilancia y control sobre gobiernos, organismos y estructuras asociadas a países que el estado considera riesgosos para su seguridad y su economía.
La lista incluye a Cuba, Venezuela, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria, cuyos ciudadanos y entidades enfrentarán restricciones adicionales en múltiples áreas.
«Firmé esta ley para fortalecer las defensas de Florida contra adversarios extranjeros», sostuvo DeSantis en un comunicado oficial.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA LEY?
Esta designación impacta diversas áreas, desde la prohibición de contratos de subrogación y adopción con ciudadanos de dichos países, hasta restricciones en acuerdos culturales y negocios.
También limita la posibilidad de que funcionarios públicos, empleados estatales, abogados de gobiernos locales y candidatos acepten regalos, préstamos, beneficios o promesas laborales provenientes de representantes ligados a esos países.
El objetivo declarado es cerrar cualquier vía de influencia extranjera, que pueda comprometer decisiones gubernamentales o generar conflictos de interés.
«Esta legislación combate la influencia extranjera hostil en Florida al establecer nuevas restricciones a los acuerdos y asociaciones que involucran a países de interés, así como sanciones por incumplimiento», señaló DeSantis.
«El proyecto de ley también refuerza los requisitos de ética y transparencia para los funcionarios electos y los empleados del gobierno, porque los funcionarios públicos deben servir a los floridanos, no a adversarios extranjeros», aseguró.
IMPACTO PARA VENEZOLANOS Y CUBANOS
Para comunidades como la venezolana y la cubana —dos de las más numerosas en Florida—, la ley abre interrogantes sobre su alcance práctico.
Aunque la normativa apunta a gobiernos y entidades estatales, su redacción podría generar efectos colaterales en trámites civiles, contratos privados o actividades profesionales que involucren a ciudadanos de esos países.
Es por ello, que organizaciones de derechos civiles advirtieron que la aplicación dependerá de cómo las agencias estatales interpreten los vínculos «directos o indirectos» con los gobiernos designados.
UNIVERSIDADES Y CONVENIOS INTERNACIONALES
La normativa también introduce cambios en las reglas que rigen a las instituciones académicas y los convenios internacionales impulsados por el estado.
Entre las medidas contempladas se encuentra la disolución del Instituto Florida-China, así como la restricción de acuerdos de cooperación con organizaciones establecidas en territorios catalogados como de preocupación.
Además, las agencias estatales y las subdivisiones políticas tendrán prohibido integrarse en programas o alianzas que habiliten injerencia extranjera en contenidos educativos, procesos de contratación o lineamientos institucionales.
ADOPCIONES Y GESTACIÓN SUBROGADA
Otro de los aspectos contemplados por la FIRE Act impacta sobre los acuerdos familiares y reproductivos formalizados en el estado de Florida.
La normativa impide la celebración de contratos de gestación subrogada cuando alguna de las partes involucradas sea ciudadana o residente de países incluidos en la lista oficial establecida por las autoridades.
La legislación, también limita determinados procesos de adopción planificados bajo esas mismas condiciones.
Asimismo, dispone que cualquier acuerdo suscrito en violación de estas disposiciones carecerá de validez conforme a la normativa estatal vigente.
SANCIONES
Lo que se precisó, es que la ley contempla sanciones civiles y penales para quienes infrinjan las nuevas reglas.
Entre ellas figuran multas económicas, pérdida de licencias y aumento de penas para delitos cometidos en beneficio de gobiernos extranjeros u organizaciones terroristas.