La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes, 12 de junio, que está en marcha el servicio de apostilla digital como parte del trabajo de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Ejecutivo, para agilizar trámites administrativos.
«Yo quiero ratificar que hace dos días está ya en vigencia la apostilla digital y en estos dos días se han otorgado más de 6.500 apostillas que, bueno, antes era un trámite que podía durar hasta 45 días, dos meses», señaló Rodríguez.
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Asimismo, dijo que ya se ha levantado información y la semana que viene se avanzarán en otros trámites, derivado de la encuesta que han llenado los ciudadanos sobre cuáles son los procesos más engorrosos y que dificultan «su actividad civil, su actividad económica», sin ofrecer mayores detalles.
Rodríguez señaló que con esta consulta se podrá avanzar en una «sola gran data» del Gobierno para poder emplear plataformas tecnológicas, así como la Inteligencia Artificial (AI) para «facilitar la vida del ciudadano».
RESTRUCTURACIÓN DEL GOBIERNO
El pasado 26 de mayo, la mandataria encargada anunció una «restructuración y reingeniería» del Gobierno que está a cargo del ministro de Educación y vicepresidente Sectorial y Territorial, Héctor Rodríguez, y el de Planificación, Ricardo Menéndez, como parte de la «nueva realidad» que vive el país.
Ambos deberán presentar «en un lapso de 90 días» al Consejo de Ministros la «restructuración y la nueva reingeniería del Gobierno», según lo señalado por Rodríguez en aquel entonces.
Asimismo, informó que designó a la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, como «comisionada presidencial para la gestión eficiente del Gobierno nacional».
En marzo, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una ley orgánica para acelerar y simplificar los trámites y procedimientos del Estado, impulsada por Rodríguez, y apoyada por Estados Unidos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió entonces que esta ley «sirva y contribuya para acabar con el viacrucis» que, a su juicio, sufre la población venezolana al hacer trámites administrativos en instituciones y organismos del Estado.