La abogada y activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, regresó a Venezuela en el marco de las actuaciones judiciales aún pendientes relacionadas con su caso.
De acuerdo a lo reseñado por José Manuel San Miguel, hermano mayor de Rocío San Miguel, esta decisión responde «a su deseo de reencontrarse con su familia y acompañar personalmente el desarrollo y cierre de esta etapa».
«Esto con la expectativa de que la situación jurídica pueda resolverse conforme a derecho y de manera definitiva», señaló.
Asimismo, expresó que valoran profundamente las gestiones, acompañamiento y disposición de todas las personas e instituciones que «han contribuido, desde distintos espacios, al bienestar y la tranquilidad de Rocío durante este tiempo en España. Especialmente en momentos de gran complejidad humana y familiar».
«También, agradecemos el respeto a la privacidad, serenidad y estabilidad familiar necesarias para transitar esta etapa con prudencia y responsabilidad», indicó.
De igual forma, la familia recordó que Rocío San Miguel continúa sujeta a restricciones y medidas cautelares vigentes, «entre ellas la prohibición de dar declaraciones a medios de comunicaciones, así como de realizar cualquier tipo de comunicación pública en prensa, radio, televisión y cualquier otro medio electrónico».
«Cualquier información relacionada con esta situación continuará siendo comunicada exclusivamente a través de su entorno familiar autorizado», apuntó.
Finalmente, el hermano de Rocío San Miguel confía en que «este proceso pueda avanzar favorablemente y culminar de manera justa y definitiva».
EL CASO DE ROCÍO SAN MIGUEL
Vale recordar que Rocío San Miguel fue excarcelada en enero junto a un grupo de ciudadanos españoles. Posteriormente, viajó a Madrid el 9 de enero para reunirse con su familia.
La activista había sido detenida en febrero de 2024 cuando se disponía a viajar fuera del país junto a su hija. Después de que varias organizaciones denunciaron su desaparición forzada, se conoció que también habían detenido al papá de su hija y su expareja.
La Fiscalía la acusó de supuestos delitos de traición a la patria, terrorismo y conspiración. Además, indicaron que ella había entregado mapas a Estados Unidos, como una presunta muestra de su cooperación con un gobierno extranjero.