Una nueva norma propuesta en Florida (EEUU) busca impedir que los migrantes indocumentados accedan a la educación pública, al exigir pruebas estrictas de estatus legal y permitir rechazos por conducta previa, una medida que organizaciones civiles consideran un bloqueo directo al derecho a estudiar.
La norma, que será discutida en una audiencia el 14 de mayo en el Miami Dade College, establece que solo podrán ser admitidos estudiantes que demuestren ser ciudadanos estadounidenses o encontrarse legalmente en el país.
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De aprobarse, la medida excluiría por completo a los jóvenes migrantes indocumentados de los 28 colegios estatales, aunque no afectaría a las 12 universidades públicas de Florida.
El texto propuesto exige que cada solicitante presente «documentación clara y convincente» que pruebe su estatus migratorio, y que dicha evidencia sea «creíble, precisa y contundente».
Esta verificación se convertiría en un requisito obligatorio para las juntas directivas del Sistema de Colegios de Florida, que tendrían la responsabilidad de garantizar que ningún estudiante sin estatus legal sea admitido.
La norma también otorgaría a las instituciones la facultad de negar la inscripción a aspirantes con antecedentes de mala conducta, siempre que se considere que hacerlo responde al «mejor interés» del sistema educativo estatal.
OFENSIVA DEL PARTIDO DE TRUMP
La iniciativa surge en un contexto político donde varios legisladores republicanos han impulsado proyectos para limitar la presencia de estudiantes extranjeros en instituciones públicas, incluso aquellos con estatus legal.
Entre ellos se encuentran propuestas como HB 1279, que inicialmente buscaba imponer un tope del 5 % a las admisiones de pregrado para residentes fuera de Florida, o SB 1052, que pretendía prohibir la admisión de cualquier no ciudadano sin estatus legal.
Aunque estas iniciativas no avanzaron, reflejan una tendencia legislativa más amplia hacia políticas migratorias restrictivas en el ámbito educativo.
Además, la propuesta coincide con otras medidas recientes aprobadas en Florida que afectan directamente a estudiantes inmigrantes.
El estado, ya eliminó las tarifas de matrícula como residente para unos 6.500 jóvenes, traídos al país de manera irregular durante su infancia.
También se promulgó una ley que permite expulsar de las universidades estatales a estudiantes cuyas acciones puedan interpretarse como apoyo a grupos designados como «terroristas domésticos», ampliando el margen disciplinario de las instituciones.
