Barry Pollack, defensor de Nicolás Maduro, presiona al juez Alvin K. Hellerstein para que archive la causa contra el exmandatario, estrategia legal a la que acude argumentando que la falta de acceso a fondos bloqueados por el Departamento del Tesoro vulnera la Sexta Enmienda.
«El Gobierno de Estados Unidos está ahora impidiendo activamente que contrate a un abogado de su elección y reciba una defensa justa en este tribunal, en violación de sus derechos bajo la Sexta Enmienda y el debido proceso», afirma la defensa en sus escritos.
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Maduro intenta desesperadamente que el Estado venezolano costee sus gastos legales, bajo el alegato de ser el presidente legítimo. Si el tribunal aceptara esto, implícitamente reconocería a Maduro como mandatario en ejercicio, invalidando su captura.
No obstante, David Varela, doctor en Asuntos Internacionales, ve pocas posibilidades de éxito. «Sinceramente, creo que las posibilidades son mínimas o nulas. La audiencia del 26 de marzo determinará qué sucede en este caso. El juez tiene que definir esta cuestión procesal como la primera de todas», señaló el experto a Semana.
¿CUÁLES SON LOS OBSTÁCULOS DE LA ESTRATEGIA DE MADURO?
La táctica legal enfrenta un obstáculo estructural: los tribunales estadounidenses han negado previamente el uso de activos sancionados para financiar defensas penales. El precedente de Manuel Noriega, condenado tras prohibírselo usar fondos panameños, marca la ruta judicial.
Además, el reconocimiento oficial por parte de Estados Unidos hacia el gobierno de Delcy Rodríguez dinamita los argumentos de Maduro. Washington sostiene que el exlíder carece de legitimidad, consolidando su estatus como acusado por narcoterrorismo.
«Desde el 23 de enero de 2019, Estados Unidos no ha reconocido a Maduro como jefe de Estado de Venezuela y ese no reconocimiento continúa hasta la actualidad. Maduro es un narcoterrorista acusado formalmente que espera juicio en un tribunal federal por sus crímenes», sostiene Michael Kozak.
Varela explica que el escenario procesal apunta hacia una resolución rápida. «Es muy poco probable que por una cuestión procesal el caso sea sobreseído o que Maduro sea liberado. Lo más probable es que se llegue a una solución antes incluso de la audiencia».
El experto sugiere que la OFAC podría otorgar una licencia específica para el pago de la defensa, dado que el reconocimiento a la administración de Rodríguez facilita el manejo de las sanciones. Maduro, mientras tanto, aguarda en su celda bajo un estricto confinamiento.
