Una jueza federal en Washington, D.C., ordenó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que permita a los legisladores ingresar a sus instalaciones sin necesidad de aviso previo, bloqueando temporalmente las políticas de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que exigían un aviso de siete días.
De acuerdo con medios estadounidenses, la jueza Jia Cobb, del Distrito de Columbia, fue la que emitió dicha orden que suspende las reglas impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en junio.
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Según la magistrada, la política de siete días excedía la autoridad legal del DHS y violaba la Sección 527, que garantiza el acceso de los legisladores a los lugares donde se detiene o aloja a migrantes.
«La política respecto a las visitas de supervisión, que requieren que los miembros del Congreso den un aviso antes de realizarlas, y que el DHS usa para detener o albergar a no ciudadanos (de Estados Unidos) y que prohíbe que miembros del Congreso realicen visitas de supervisión en ciertas instalaciones de DHS, incluyendo oficinas de campo de ICE (field offices), viola la Sección 527», escribió la jueza en su fallo, que estará vigente mientras se ve el caso.
¿QUIÉNES DEMANDARON?
El caso se originó cuando un grupo de 12 congresistas demócratas intentó ingresar a centros de detención y oficinas de campo de ICE, pero se les negó la entrada por no cumplir con el requisito de aviso previo.
Los legisladores argumentaron que estas restricciones obstaculizaban su deber de supervisión y transparencia, especialmente en un contexto de denuncias sobre hacinamiento, condiciones insalubres y posibles abusos dentro de las instalaciones.
¿QUÉ IMPLICA EL FALLO?
La decisión representa un revés para la administración Trump, que buscaba limitar el acceso de los congresistas como parte de su estrategia de endurecimiento migratorio.
El fallo judicial reafirma que el Congreso tiene derecho a inspeccionar sin restricciones las instalaciones donde se retienen migrantes, incluso aquellas oficinas de campo que el gobierno aparentemente intentaba excluir de la supervisión legislativa.
«La política respecto a las visitas de supervisión es arbitraria y caprichosa, porque carece de sustento legal y porque los demandados no han articulado una base adecuada, razonable o legal para requerir que los miembros del Congreso notifiquen con siete días calendario una inspección de instalaciones de DHS o para negarle a miembros del Congreso acceso a oficinas de campo de ICE, donde se detiene o alberga a no ciudadanos», agregó la jueza.
«Las condiciones cambiantes dentro de las instalaciones de ICE significa que será probablemente imposible para un miembro del Congreso reconstruir las condiciones en la instalación del día en el que inicialmente trataron de ingresar. Este asunto es incluso más pronunciado dado que las políticas de los demandados —como la política respecto con las oficinas de campo— prohíben completamente la entrada a los demandantes. Esa información sobre las condiciones en terreno se pierde por siempre en la historia», acotó.
