La Corte Suprema de EEUU falló este viernes, 27 de junio, a favor de limitar el poder de los jueces federales para bloquear o pausar decisiones de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
De acuerdo con medios locales, con una mayoría de seis votos contra tres —todos los jueces conservadores a favor y las tres magistradas progresistas en contra— el tribunal determinó que las órdenes judiciales de alcance nacional emitidas por tribunales inferiores «probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales».
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Esta resolución representa una victoria significativa para la administración Trump y redefine el alcance del poder judicial frente al Ejecutivo.
El caso que detonó esta decisión gira en torno a una orden ejecutiva de Trump que busca negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes en situación irregular o con estatus temporal.
Esta medida, que desafía directamente la Enmienda 14 de la Constitución —la cual garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense— fue bloqueada por jueces federales en Maryland, Massachusetts y Washington.
Sin embargo, la Corte Suprema no se pronunció sobre la constitucionalidad de la orden, sino sobre la legalidad de suspenderla a nivel nacional.
La jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen mayoritario, argumentó que los tribunales federales no deben ejercer una “supervisión general” del poder ejecutivo, sino resolver casos específicos según la autoridad conferida por el Congreso.
«Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso», declaró la jueza.
En otras palabras, un juez no puede emitir una orden que afecte a toda la nación si el caso solo involucra a ciertos demandantes.
Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras Trump celebró el fallo como una “¡victoria gigantesca!”, en su red Truth Social, sectores progresistas y defensores de los derechos civiles lo consideran una amenaza al equilibrio de poderes y al Estado de derecho.
«¡Victoria gigantesca en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso el fraude de la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha visto, indirectamente, duramente afectado», escribió el mandatario republicano.