La fiscalía de Colombia anunció la apertura de una investigación en contra de la canciller de ese país, Laura Sarabia, por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el abogado Pablo Bustos, representante de la Red de Veedurías Ciudadanas, es necesario que la Fiscalía indague en las finanzas de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), exjefa de Gabinete y ahora canciller del gobierno de Gustavo Petro.
“A efecto de que se investigue y determine la posible comisión o no de hechos punibles, que refieren a funciones del más alto nivel estatal, de cuenta del ejercicio de funciones relacionadas directamente con la dignidad presidencial y congresual, expresado en presuntos hechos de inobjetable relevancia nacional”, señala la denuncia.
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Esta también incluyó a Andrés Parra, quien era el esposo de Sarabia al inicio de su gestión en el Ejecutivo colombiano, según reseñó la revista Semana.
Asimismo, los denunciantes advierten que se debe establecer la legalidad de los bienes adquiridos por estas dos personas y que podrían convertirse en un incremento patrimonial injustificado.
“Se requiere que se investiguen y determinen los responsables materiales e intelectuales por los presuntos hechos punibles relacionados con los hechos puestos en conocimiento en el presente escrito, que en lo relativo al presunto enriquecimiento ilícito se solicita se investiguen los denunciados desde la posesión del actual presidente de la República, doctor Gustavo Petro, hasta la fecha”, expuso el abogado Bustos.
INVESTIGACIÓN EN MARCHA
La investigación en la Fiscalía, de acuerdo con la denuncia, señala que en el caso de Andrés Parra pasó de tener un pequeño patrimonio, a una cantidad de bienes que resulta necesario establecer la legalidad de su origen, la forma en la que los adquirieron y los soportes necesarios de su propiedad.
Con la denuncia, la Fiscalía tendrá la obligación de establecer la responsabilidad que se atribuye en la misma, adelantar los actos de investigación necesarios y de confirmar lo que aparece en esa denuncia, y continuar con el proceso o, de lo contrario, archivar las diligencias y la investigación contra la canciller.
