Recientes informes han generado inquietud y pánico en la comunidad migrante de EEUU, al revelar que el Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés) podría estar colaborando con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en la identificación y localización de personas sin estatus legal.
Según fuentes anónimas citadas por The Washington Post, la unidad policial del USPS habría proporcionado información sobre direcciones y datos de rastreo postal a las autoridades migratorias.
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Lo que se detalló, es que el Servicio de Inspección Postal, encargado de proteger el sistema de correo y combatir delitos como fraude postal y tráfico de drogas, habría comenzado a compartir imágenes del exterior de sobres y paquetes, registros de cuentas en línea y direcciones IP con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
Debido a que estos datos se consideran públicos, no requieren una orden judicial para ser recopilados. Esto ha generado críticas por la falta de protección legal para los afectados.
La administración del presidente de EEUU, Donald Trump, ha enfatizado su compromiso con la seguridad fronteriza y la deportación de migrantes indocumentados. En este contexto, la colaboración del USPS con ICE podría ser parte de un esfuerzo más amplio para reforzar las operaciones de arresto y expulsión.
Además, se reportó que agentes del Servicio de Inspección Postal participaron en redadas. Especificamente, junto con el FBI, la DEA y el IRS en Colorado Springs, Colorado.
El impacto de estas revelaciones ha sido inmediato, con organizaciones de derechos humanos expresando su preocupación por el uso de información postal para la persecución de migrantes.
La comunidad migrante ahora enfrenta incertidumbre sobre la seguridad de enviar y recibir correspondencia, temiendo que sus datos sean utilizados para facilitar su deportación.
Como era de esperarse, la falta de transparencia en la colaboración entre agencias gubernamentales ha intensificado el debate sobre la privacidad y los derechos civiles.
Ante esta situación, activistas y defensores de los derechos de los migrantes han instado al Congreso a investigar el papel del USPS en estas operaciones.
