La fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, señalo que Kilmar Abrego García, migrante deportado recientemente a El Salvador, «no regresará» al país norteamericano.
Según documentos oficiales, Abrego García es señalado como miembro activo de la pandilla MS-13, lo que ha llevado a la Casa Blanca a respaldar su deportación y calificarlo como un «delincuente salvadoreño».
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“No va a regresar a nuestro país. El presidente Bukele dijo que no lo enviaría de regreso. Ahí se acabó la historia”, declaró la fiscal a los periodistas en una conferencia de prensa concedida este miércoles.
“Si quisiera enviarlo de regreso, lo llevaríamos en avión. Nunca hubo una situación que lo obligara a quedarse en este país. Ninguna, ninguna”, agregó.
“Lo deportaron. Necesitaban un trámite adicional, pero ahora la MS-13 se cataloga, como corresponde, como una organización terrorista extranjera”, continuó.
“Habría regresado, habría tenido un trámite adicional y habría regresado de nuevo”. Pero, añadió la fiscal general: «Es de El Salvador. Está en El Salvador, y ahí es donde el presidente planea retenerlo».
Los comentarios fueron el último ejemplo de cómo los funcionarios del presidente Trump se aferran en su postura a pesar de una orden de la Corte Suprema que les exige «facilitar» el regreso de Abrego García.
De hecho, el senador demócrata Chris Van Hollen ha cuestionado la deportación, viajando personalmente a El Salvador para exigir un encuentro con Abrego García.
Sin embargo, la solicitud del congresista fue rechazada de manera contundente. Esto evidenció, todavía más, la postura firme tanto del gobierno salvadoreño como de la administración estadounidense respecto al caso.
La evidencia presentada por las autoridades estadounidenses vincula directamente a Abrego García con actividades de la MS-13, desmantelando —a juicio de la administración Trump— la narrativa de que se trataba de una «víctima» de un error administrativo.
Incluso, este caso ha sido utilizado como ejemplo por la Casa Blanca para justificar sus políticas de deportación, argumentando que son necesarias para garantizar la seguridad nacional y combatir el crimen transnacional.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de garantías legales en el proceso de deportación. Alegan que casos como el de Abrego García podrían sentar precedentes peligrosos, especialmente si las acusaciones no son respaldadas por pruebas contundentes.
¿QUIÉN DIJO QUE PERTENECÍA A UNA PANDILLA?
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) basó la acusación en una pista de un informante, quien dijo que Abrego García era miembro de la rama neoyorquina de la pandilla, a pesar de que nunca había vivido en Nueva York.
Asimismo, se indicó que el detective que proporcionó la información a ICE, sobre esos vínculos con las pandillas, fue posteriormente suspendido.
Posteriormente, la jueza de inmigración Elizabeth Kessler se negó a liberar bajo fianza a Abrego García, argumentando que el informante confidencial era una «fuente de información probada y confiable». El Departamento de Justicia ha citado su fallo como prueba de que él «formaba» parte de la pandilla.
