La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz Rodríguez, acreditó el viernes a un total de 28.000 nuevos jueces de paz, quienes tendrán la labor de «resolver» los conflictos en sus comunidades, entre otras funciones.
En un acto transmitido por VTV, Rodríguez dijo que la juramentación ha sido una experiencia de «reencuentro» y de «reconocimiento» a los «más de 28 mil hombres y mujeres».
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Recordó que a estas personas las eligieron el pasado 15 de diciembre. «Hoy terminan una primera fase de formación que le permite obtener su acreditación, pero también el compromiso de seguir con la formación permanente», agregó.
#14Mar #TSJ
La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez acreditó a más de 28 mil nuevos jueces de paz para el ejercicio de sus funciones.
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— Reporte Ya (@ReporteYa) March 14, 2025
¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES?
De acuerdo con el sitio web del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), los jueces de paz tendrán capacidades para «resolver conflictos» en sus comunidades. También para hacer prevalecer la armonía familiar, la convivencia vecinal y el sano desarrollo de las relaciones en las comunidades.
Según lo establecido, para que estas personas puedan conocer un asunto particular, se debe iniciar con la solicitud formulada por las partes comprometidas en la controversia.
Uno de los puntos claves de las capacidades de los jueces de paz deriva en actuar como «órgano receptor de denuncia en los casos de violencia de género». Así, podrán dictar medidas de protección y seguridad a favor de la víctima o el núcleo familiar. Seguidamente, deben remitir el asunto al Ministerio Público, a los fines de continuar con el procedimiento.
Otra labor será la de velar «por el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y adultos mayores». También por personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, tomando «las medidas respectivas conforme a la ley y remitiendo las actuaciones al órgano o ente competente».
Asimismo, podrán solicitar el apoyo de la policía cuando así lo requiera la situación.
Además, estarán facultados por la ley para «dictaminar medidas preventivas contra aquellos ciudadanos, que pongan en riesgo la integridad de sus vecinos». También en el caso de que «perjudique la convivencia dentro de la comunidad».
