La ONG venezolana, Provea, alertó este sábado sobre el peligro que corren las personas que pueden resultar deportadas al país, luego de su «huida» de Venezuela debido a la grave crisis económica y social que atraviesa la nación.
«La política anti-inmigratoria y estigmatizante de Donald Trump pone en riesgo a millones de latinoamericanos y a cientos de miles de venezolanos que huyeron del país debido a la crisis económica y la represión», advirtieron en un mensaje publicado en su cuenta de X (Twitter).
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Asimismo, recordaron que desde 2016, «más de siete millones de venezolanos abandonaron el país a consecuencia de la prolongada Emergencia Humanitaria Compleja y de los crecientes abusos contra los Derechos Humanos cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro».
En este sentido, recordaron a los vejámenes a los que pueden someter a estos ciudadanos como represalia por su salida del país.
«Quienes han escapado de la grave crisis de Derechos Humanos en Venezuela deben ser acogidos como refugiados y, en ese sentido, deberían ser sujetos de medidas de protección por parte de los Estados receptores conforme a los estándares internacionales de protección a los Derechos Humanos», insistió la ONG.
«VENEZUELA SE ARREGLÓ»
Por otra parte, destacaron que tras el discurso de mejoría económica del gobierno de Nicolás Maduro, «anclado en la consigna Venezuela se arregló», se esconde una dura realidad que azota a millones de ciudadanos.
«Los indicadores de pobreza por ingreso y/o multidimensional son de los más elevados en la región, el acceso a servicios públicos como el agua, electricidad, gas doméstico y aseo público siguen resultando precarios y los salarios y pensiones continúan congelados, en menos de 4$ USD, desde hace más de dos años», precisaron.
Por este motivo, aunado a los índices de desigualdad que lo ubican entre los últimos de la región, señalaron que «las personas que huyen de Venezuela deberían ser sujetas de protección».
DEPORTACIONES: ACTO DE REVICTIMIZACIÓN
Por último, advirtieron que estas «posibles deportaciones sumarias y apartadas de la ley y de los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos (…) podrían agravar su condición de vulnerabilidad».
«La deportación y/o devolución de personas que huyeron de condiciones de pobreza extrema o de la persecución política, es un acto de revictimización», aseguraron desde Provea.
«Creemos que la región, en conjunto, debe abordar la crisis venezolana y el impacto migratorio, como el principal desafío para la democracia y la estabilidad política, social y económica de Las Américas», reiteraron.
«En tal sentido, el abordaje debería estar basado en un lenguaje y prácticas consecuentes con el respeto a los Derechos Humanos y a los más altos valores y principios del ideal Interamericano de Democracia y Derechos Humanos, cimentado en la Carta Interamericana y los tratados acordados y suscritos por los gobiernos de la región», dijeron para concluir.
🚨 La política anti-inmigratoria y estigmatizante de @POTUS pone en riesgo a millones de latinoamericanos y a cientos de miles de venezolanos que huyeron del país debido a la crisis económica y la represión.
👉 Desde 2016, más de siete millones de venezolanos abandonaron el país…
— PROVEA (@_Provea) February 8, 2025
